La jueza del “caso Infoca” abre diligencias por contratos de Emergencias Sanitarias

La onda engendrada por el llamado «caso Infoca» ya tiene otra concéntrica. El lanzador de la piedra que provocó el movimiento, J. G. D., funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, elevó al juzgado que analiza la causa hace unos meses una ampliación de denuncia en la que advertía a la instructora, María de los Reyes Flores, de que la presunta colusión de empresas –pacto entre entes que perjudica a terceros– en la contratación de medios aéreos para el Plan Infoca, podría haberse repetido en «las adjudicaciones realizadas por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)», adscrita a la Consejería de Salud, y «la Junta tampoco» había «hecho nada». Es más, el técnico cifró en «57 millones de euros en cinco años», el dinero público que podría haberse repartido afectado, aunque avisó de que se trataba de una concreción incompleta. Más tarde, la Policía Judicial remitió al mismo juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla un informe sobre el segundo escrito de J. G. D. en el que, como ya adelantó LA RAZÓN, se aseveraba que podría haber «indicios delictivos susceptibles» de ser investigados en las mencionadas adjudicaciones realizadas por EPES, al no descartar que «se viniera dando» también en ese ámbito una situación de «colusión», dado que «la Administración que adjudica es la misma» y la sociedad elegida para prestar los servicios «pertenece al grupo» de mercantiles «sospechosas de concertarse ilícitamente (Inaer Helicópteros)». Lo que no tenía claro la Policía es si procedía «en estas actuaciones abarcar dicha investigación», al tratarse de licitaciones distintas que nada tenían que ver con las del Infoca. Lo dejó al criterio de la jueza, quien ahora en una providencia fechada el 6 de julio, a la que accedió este periódico, ordena que se deduzca testimonio con la ampliación de denuncia del funcionario y el informe policial «sobre posible prevaricación» en relación a las contratas de EPES y que se incoen «diligencias previas».

La magistrada opta por intervenir en otro asunto: mandata que se deduzca testimonio también «por acoso laboral» a J. G. D., con «copia» de las «dos denuncias» que éste le relató que ha presentado por esa presunta situación.

Por el contrario, aún no se ha pronunciado sobre la petición que le llegó desde otro lado. La representación procesal de dos de los investigados vinculados a la sociedad Faasa Aviación, M. Á. T. C. y G. de A. M., planteó que el juzgado sevillano no debía seguir con sus diligencias, ya que el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional había asumido el proceso que arrancó un órgano judicial de Sagunto (Valencia) en torno a empresas del sector de medios aéreos para la extinción de incendios forestales, incluida Faasa, lo que acabó denominándose mediáticamente el «cartel del fuego». La Fiscalía ya se ha posicionado. En un escrito consultado por este diario, el Ministerio Público sostiene que «es evidente que el ‘cruce’ de investigaciones manifestado por la Policía», que incluso intercambió información con Sagunto, afecta a «los ilícitos penales cometidos a partir de una posible colusión de empresas en la concurrencia a concursos públicos». Añade que los trabajos policiales apuntan a «un reparto del territorio nacional entre las diversas» sociedades implicadas, «entre otras Faasa», lo que, a su juicio, «justifica su tratamiento conjunto por el juzgado Central de Instrucción». «Procede pues la inhibición –mantiene la Fiscalía–, que podría extenderse a las irregularidades sobre obtención y ejecución de las subvenciones si se aprecia conexidad, porque la investigación y prueba en conjunto de ambos delitos resulte conveniente para el esclarecimiento y determinación de responsabilidades y ello no suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso». La magistrada se ha dado por enterada y decidirá. Lo que sí ha hecho ya, vía la providencia desgranada, es dar por personado a Podemos en el proceso «para ejercer la acción popular» en el «caso Infoca».

De otro lado, Ecologista en Acción, personado como acusación en el “caso Infoca”, ha pedido a la instructora, María de los Reyes Flores, que acuerde la práctica de «diligencias complementarias». Para arrancar, busca que se declare investigadas a siete personas integrantes del personal de la Administración de la Junta: E. E. V., director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios; M. D. C., subdirector del ente anterior; F. J. M. R., director general de Gestión del Medio Natural; J. M. R. de C., letrado del gabinete jurídico del Gobierno andaluz; Á. F. P. M., interventor delegado; D. E. L. M., asesor técnico de extinción de incendios; y T. L. G., secretaria de un mesa de contratación. A esa relación, la organización ecologista pretende que se sumen también como investigados otros doce: cuatro vinculados a Faasa, M. G. G., H. T. A., M. Á. T. C. y J. O. M.; a Inaer Helicópteros, J. L. M. P.; dos a Saeta, M. Á. M. R. y M. Á. M. B; tres a Trabajos Aéreos Espejo, M. L.G. V., A. R. R. y F. E. D.; y a la empresa Sociedad Aeronáutica Peninsular los últimos dos, A. M. R. G. y R. P. A. En conjunto, el listado se eleva a 19 personas.