El saqueo sindical

La Junta admite que su vaivén normativo lastra la gestión de ayudas a autónomos

El consejero de Economía reconoce que existen 386.600 euros pendientes de pago, en lo que ha influido el desarrollo de 15 órdenes distintas sobre el tema y el baile de competencias provocado por las «sucesivas reestructuraciones» de consejerías

El titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano
El titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellanolarazon

El consejero de Economía reconoce que existen 386.600 euros pendientes de pago, en lo que ha influido el desarrollo de 15 órdenes distintas sobre el tema y el baile de competencias provocado por las «sucesivas reestructuraciones» de consejerías

A cada tanto, sucede. Desde los gobiernos socialistas de la Junta se lanza una propuesta «estrella» dirigida a los trabajadores autónomos. Si bien, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre políticas activas de autoempleo destapó que a fecha de septiembre de 2013 existían subvenciones pendiente de pagos a ese colectivo por un importe global de 5.864.980 euros. Conocido ese dato, la diputada del PP andaluz María Teresa Ruiz-Sillero se interesó por el retraso y preguntó al Ejecutivo regional a cuánto ascendía lo que faltaba por abonar hasta diciembre de 2014, de los fondos repartidos «en virtud del Decreto 175/2006» y a cuántas personas afectaba. Lo hizo vía pregunta parlamentaria escrita en junio de 2015 y de la respuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) de ayer, se desprende que se debe a un cierto caos organizativo.

El encargado de contestar a varios interrogantes relacionados con esas ayudas a los autónomos ha sido el titular de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, pese a que, como él mismo puntualiza, ese asunto no es competencia ahora de su departamento, sino del de Empleo, Empresa y Comercio que coordina José Sánchez Maldonado. Y ése no ha sido el único baile.

El consejero explica en sus textos que las subvenciones no se concedieron como consecuencia directa del mencionado Decreto, sino de las Órdenes posteriores que lo desarrollaron y que «regularon las correspondientes convocatorias» de ayudas. Admite, encualquier caso, que existen cantidades por pagar, que «son resultado de las convocatorias efectuadas por la Orden de 15 de marzo de 2007 y las Órdenes de 26 y 24 de abril de 2010». ¿A cuánto asciende el débito? A 386.597,33 euros. ¿Y a qué atribuye su existencia? Lo expone en un par de respuestas: «Los cambios normativos y competenciales han tenido gran relevancia en la gestión y ejecución del plan», reconoce Ramírez de Arellano.

Según la información que proporciona, la Junta ha dado el visto bueno a 15 órdenes distintas. A ello se suman las «sucesivas reestructuraciones orgánicas» en las que el gestor de los fondos ha basculado de área en área y que también han influido en la situación en la que «se encuentran los expedientes correspondientes a las ayudas concedidas en su ejecución». Y es que la «jurisdicción» en la materia ha pasado de la Consejería de Empleo –desde mayo de 2004– a la de Innovación, Ciencia y Empresa –abril de 2008–, para volver a Empleo –abril de 2009– y de éste a Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) –desde mayo de 2012–; hasta acabar ahora en el departamento de Maldonado, que aún no ha concedido incentivos, pero que será el responsable del Plan de Actuación del Trabajo Autónomo de Andalucía anunciado por Susana Díaz, dotado con 100 millones de euros y con un horizonte temporal hasta 2020.

La Cámara de Cuentas alertó además de la lentitud en la tramitación de los expedientes de las convocatorias de las subvenciones de 2009 y 2010. En ese sentido, Ramírez apunta que fue en concreto la CEICE la que en 2013 intentó agilizar los trabajos para poner fin a los que estaban pendientes de justificar e iniciar los procedimientos de reintegro del dinero en los casos que fuera preciso. Para ello se «consideró imprescindible» reforzar los medios humanos disponibles, por lo que se procedió a incorporar personal externo. En relación a las características de esas contrataciones, el consejero de Economía desvela que se hicieron a través de «nombramientos de personal interino» con «una duración prevista de 18 meses» y que suponen un coste de «950.189 euros» para las arcas públicas.