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La Junta afronta la reclamación de 861 millones por obras paralizadas

El Gobierno impulsa un nuevo plan 2020-27 en el que prioriza la conservación vial por expirar 27 contratos

  • El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y la titular de Fomento, Marifrán Carazo / Foto: Manuel Olmedo
    El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y la titular de Fomento, Marifrán Carazo / Foto: Manuel Olmedo

Tiempo de lectura 5 min.

21 de mayo de 2019. 22:02h

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Laura Blanco 21/5/2019

El Gobierno andaluz de PP y Cs presentó ayer las líneas maestras de un nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía (Pitma) para el periodo 2021-2027 no sin antes poner en evidencia el balance del anterior, ejecutado por el Gobierno socialista al 44%, es decir, 580 millones de los 1.300 previstos entre 2016 y 2020. De hecho, el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, hicieron hincapié en que las obras paralizadas o los incumplimientos de contrato hacen que los tribunales ya hayan condenado a la Junta a pagar 175 millones (167 correspondientes al Metro de Sevilla) pero hay otras condenas por 685 millones que aún no son firmes porque están pendientes de recursos. En total el Ejecutivo autonómico afronta el riesgo de tener que abonar 861 millones por reclamaciones por vía judicial. «Con eso se podrían hacer 143 kilómetros de autovía», afirmó gráficamente Bendodo.

El portavoz del Gobierno dio muchos datos sobre la ejecución del anterior plan: el 1,3% en áreas logísticas, el 27% en puertos, el 22% del Plan Andaluz de la Bicleta y el 4% de las medidas para el transporte de personas. Pero más allá del compromiso de que eso no pasará con ellos, fue parco en datos sobre el futuro Pitma. La responsable de Fomento lo justificó en que ayer el Consejo de Gobierno inició «el diseño» del mismo que fijará las «infraestructuras prioritarias» pero aún no es posible avanzar la inversión con la que contará. Sólo concretó que a los recursos propios se sumarán ayudas del nuevo marco de fondos Feder europeos, que prima la innovación y la reducción de emisiones en los proyectos subvencionados, y se facilitará la colaboración público-privada.

También adelantaron que uno de los ejes será la conservación de carreteras, con un plan de choque porque la inversión en este área pasó de 200 millones en 2008 a 85,5 el año pasado y «hay 27 de 35 contratos que expiran este año y otros cinco en 2020, sólo tres se han adjudicado». Por ello anunciaron un plan específico de actuaciones en materia de seguridad via y para renovar los contratos que terminan ante la «desastrosa política» de mantenimiento vial del PSOE .

En materia de puertos, se apostará por los dragados, los puertos secos –dando prioridad al de Antequera que contará con presupuesto en 2020– y los nodos logísticos de Algeciras, Motril, Córdoba y Jaén.

Carazo presumió de haber «desbloqueado» muchos proyectos parados, que se encuentran en fase de tramitación y redacción se incluirán como prioritarios en el Pitma, entre los que citó la finalización de la Autovía del Almanzora (anunció la próxima adjudicación por 25 millones del tramo El Cucador-La Concepción) y la conexión con la del Mediterráneo, el desdoble de la A-491 entre El Puerto., Rota y Chipiona (Cádiz), las variantes de Pozoblanco (Córdoba) y Alhama (Granada), la mejora de los accesos de la A-49 a Isla Cristina y Aljaraque o el aumento de la capacidad de la A-483 entre Almonte y Matalascañas (Huelva), el estudio de viabilidad de la mejora de los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga o el inicio de la solución para el tramo Martos-Alcaudete (Jaén) en la Autovía del Olivar.

Y es que Carazo llamó la atención sobre la necesidad, en muchos casos, de empezar por «revisar» los proyectos existentes, que datan de «2009 o 2010 y se han quedado anticuados». Es el caso de las nuevas líneas 2 y 3 del Metro de Sevilla, para las que los presupuestos de 2019 consignarán por primera vez en años (la línea 1 se terminó en 2009) una partida destinada a «actualizar» los proyectos existentes. En este sentido, la consejera abogó por, una vez revisados y cuantificada la inversión necesaria, impulsar con el Gobierno de España un protocolo de financiación a tres entre el Ejecutivo central, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla. Este lunes, el alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Juan Espadas, señalaba en una entrevista a LA RAZÓN que ha estado a punto de firmarse en dos ocasiones (primero con el ministro popular Íñigo de la Serna y luego con la socialista María Jesús Montero) pero se han cruzado los diferentes procesos electorales, si bien se encontraba a la espera de que el nuevo presidente andaluz, Juanma Moreno, le respondiera si seguía apostando por esa fórmula o no.

La consejera también destacó el impulso a los metros de Málaga y Granada, los tranvías de Jaén, Bahía de Cádiz y Alcalá de Guadaíra o la licitación del viaducto de la autovía de Acceso Norte de Sevilla por 23,4 millones.

El silencio administrativo positivo «sólo» se aplica a la fase inicial de los PGOU

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, matizó ayer tras el Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, que la Junta «solo» aplicará el llamado silencio administrativo positivo a la «fase inicial» de la tramitación de los planeamientos urbanísticos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció el pasado 1 de abril que la Junta aplicaría el silencio administrativo positivo para agilizar y desburocratizar los trámites urbanísticos, de forma que si en 15 días los ayuntamientos no obtenían respuestas de la administración andaluza, se entendería que su propuesta era aceptada. En la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada, se anunció la reforma de la Ley del Suelo que incluiría esta medida, tras denunciar que había 300 PGOU atascados con una espera media de ocho meses. Sin embargo, ayer, Carazo matizó que solo se aplicará a la «fase inicial» de los planeamientos que es donde «es viable legalmente» tras señalar que cree que «se entendió mal» el anuncio inicial. Defendió que aplicándolo solo a esa fase inicial, calculan que los plazos se acortarían «dos o tres meses».

Más datos

El fin del peaje de la Autovía Sevilla-Cádiz es una histórica reivindicación del PP que el presidente Juanma Moreno prometió en su campaña electoral aplicar de forma urgente, aunque la decisión depende del Estado. Al llegar al Gobierno, el PP explicó que el contrato expira el 31 de diciembre por lo que optó por esperar ya que rescindirlo antes, según dijo ayer la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, costaría 4,5 millones al mes hasta final de año. Tanto Carazo como Bendodo se mostraron «preocupados» ante el aviso del ministro en funciones José Luis Ábalos que «quiere pagar las pensiones con los peajes». Pese a ello, rehusaron confirmar si en caso de que el Gobierno decida mantenerlo, la Junta lo bonificarían y se limitaron a garantizar que en tal situación «nos tendrá en frente»

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