La Junta apenas reconoce un 1,75% de su deuda con las personas sordas

El PP-A llevó ayer al Parlamento una Proposición no de Ley en defensa de la comunidad sorda, que viene reclamando a la Junta la adaptación de la norma que regula el uso del lenguaje de signos así como el pago de los 2,5 millones que la Administración le adeuda tras el abono ya efectuado de un millón.

El PP-A llevó ayer al Parlamento una Proposición no de Ley en defensa de la comunidad sorda, que viene reclamando a la Junta la adaptación de la norma que regula el uso del lenguaje de signos así como el pago de los 2,5 millones que la Administración le adeuda tras el abono ya efectuado de un millón. La Administración, por su parte, apenas reconoce un 1,76% del débito.

Numerosos afectados acudieron ayer al Hospital de la Cinco Llagas para presenciar el debate. Un grupo de personas sordas e intérpretes protestaron por el incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad y la deuda de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo con la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos (FAAS).

El colectivo reclama la adaptación de una ley de 2011 «paralizada» y que se garantice el mantenimiento del servicio de intérprete de la lengua de signos en la comunidad. Los sordomudos también reclaman el regreso de la «calidad» al servicio de intérpretes de signos de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). «El contrato de Canal Sur con una empresa ajena al sector de la interpretación está pendiente en la actualidad de una investigación emprendida por el Defensor del Pueblo de Andalucía por supuestas irregularidades», avisó la entidad.

Incumplimientos

La federación explicó que «fruto del incumplimiento de sus compromisos se cumple un mes desde que la organización se vio obligada a suspender el servicio de intérpretes de lengua de signos». «Durante este mes, la Junta ha despojado a miles de personas sordas de sus derechos ciudadanos», indicó el colectivo.

La FAAS exige a la Junta de Andalucía «el cumplimiento de la Ley 11/2011, de 5 de diciembre dotando a la organización de recursos económicos suficientes para atender las necesidades específicas de las personas sordas y a establecer una partida específica para los servicios de interpretación».

El Partido Popular acusó, a través del diputado Jaime Raynaud, a la Junta de «discriminar» a este colectivo e incumplir las promesas efectuadas. María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social, precisó durante el Pleno que la deuda con la FAAS asciende sólo a 44.000 euros. Según la responsable del ramo, la Consejería está «prácticamente al día», salvo un pago pendiente de «19.000 euros en Cádiz y de 25.000 euros en Córdoba». Raynaud rebatió las cifras de Montero, que invitó al PP a preguntar a la Consejería de Hacienda. El PP habló, en base a los datos de la FAAS, de un débito «de 2,530.389 euros». Raynaud criticó que «Canal Sur está dando pares y nones para pagarles» a los intérpretes y recordó el recurso al Defensor del Pueblo Andaluz.

«Quizás es el día menos apropiado para gritar y hacer llegar un mensaje con claridad a las personas que se encuentran aquí», respondió María Jesús Montero en referencia a los sordos que acudieron a la cámara. La consejera criticó que los ajustes de Mariano Rajoy «está llevando ahora a que todo el sector de la discapacidad y la dependencia esté recortándose».