La Junta aprobó El Algarrobico

El ex alcalde socialista de Carboneras, municipio almeriense donde se levanta el polémico hotel de El Algarrobico, declaró ayer ante el juez que la edificación contaba «con todos los informes sectoriales en sentido favorable y la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía». Se da la circunstancia de que hace apenas una semana, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que demoler el hotel ilegal costará 7.320.000 euros, cantidad que se pagará de manera conjunta entre las administraciones central y autonómica. La desidia, incompetencia o actuación irregular de los gobernantes va a tener que ser costeada por todos los españoles. Sin embargo, el ex alcalde situó ante el juez de manera muy clara que la responsabilidad correspondía a la Administración andaluza y remarcó que la calificación de suelo urbano consolidado contó «con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta». «Nosotros hicimos lo que se nos dijo», explicó. Más allá de las estrategias judiciales para ejercer su derecho de legítima defensa –Cristóbal Fernández, junto a otros seis ex ediles, está imputado por un presunto delito de prevaricación–, sus palabras señalan de manera clara que el Gobierno andaluz, en su momento, no actuó de manera diligente y no ejerció sus competencias en defensa del litoral. La Junta ha levantado en numerosas ocasiones la bandera de la sostenibilidad y ha tratado de responsabilizar al Gobierno central de que El Algarrobico, una construcción de 20 plantas a menos de 30 metros del mar, estuviera aún en la costa almeriense. La realidad apunta en otra dirección.