Andalucía

La Junta asume el pago de 800 millones por condenas judiciales de la etapa socialista

Una nueva sentencia adversa obliga a Fomento a abonar 5,28 millones de euros por el retraso en las obras del tranvía de Jaén, una infraestructura que sigue sin dar servicio

Una nueva sentencia adversa obliga a Fomento a abonar 5,28 millones de euros por el retraso en las obras del tranvía de Jaén, una infraestructura que sigue sin dar servicio

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Un total de 800 millones de euros, «más lo que pueda venir en el futuro», tal y como aseguró ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, es la cantidad que la Junta asume por condenas judiciales de la anterior etapa socialista. Bendodo dio a conocer ayer, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que un nuevo fallo atribuido a la «mala gestión socialista» se suma a la larga lista de condenas, esta vez el pago de 5,28 millones de euros por el retraso en los abonos de las obras del tranvía de Jaén, una infraestructura fallida que sigue costando dinero a la Administración autonómica.

Los trabajos de esta infraestructura comenzaron en abril de 2009 y concluyeron dos años después, por un importe de 117 millones de euros. Cuatro años después, en octubre de 2015, la empresa adjudicataria interpuso un contencioso administrativo en el que reclamaba el pago de las certificaciones originarias, las revisiones de precios que debieron aplicarse y también la cantidad derivada de la liquidación del contrato. El juzgado de lo contencioso administrativo 13 de Sevilla dictó sentencia en mayo de 2017 estimando parcialmente el recurso de la empresa, pero la Agencia de Obra Pública presentó un recurso de apelación al TSJA que fue desestimado en junio de 2018. Con todo, el anterior gobierno socialista presentó un recurso de casación, que no fue admitido por el Tribunal Supremo. Por tanto, la Consejería de Fomento ingresó el pasado mes de octubre la cantidad fijada en la condena, estando pendiente de abonar 650.000 euros más de intereses y costas.

«A la Junta la siguen embargando varias veces todos los días, tanto empresas como otras administraciones», recordó Bendodo, quien señaló que «esa inercia es muy difícil de cambiar». El «catálogo del despilfarro» deja cifras para la reflexión. De 2016 a 2018 la Junta ha tenido que abonar 548 millones en sentencias. Bendodo aseguró que en los próximos presupuestos habrá que consignar 214 millones para este fin.

Decisiones «de cualquier tipo» en el sector instrumental

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Las auditorías encargadas por el Gobierno andaluz para analizar la denominada «Administración paralela» estarán concluidas en la primera mitad de 2020, por lo que se tomarán decisiones «de cualquier tipo» en la segunda mitad del próximo año, tal y como avanzó ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, apuntando la posibilidad de cometer «fusiones, reducciones u optimizaciones».

«El Gobierno andaluz va a ser la primera administración pública española que realice un plan de auditoría integral tan ambicioso de su sector instrumental», apuntó Bendodo, quien aseguró que el proceso estará «supervisado por la Intervención General» de la Junta, que es «el máximo órgano de control interno de la administración autonómica».

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En las próximas semanas ser harán las licitaciones por un montante «ligeramente» superior a los tres millones de euros. Las conclusiones irán al grupo de trabajo que lidera la Vicepresidencia de la Junta y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige Juan Marín.

Bendodo aseguró que se han agrupado las entidades en función de su tipo de actividad, de forma que, en total, se sacarán a licitación 16 lotes para llevar a cabo «un trabajo más eficaz», remarcando que «algunas auditorías serán más complejas que otras en función del volumen de las empresas auditadas».

Las auditorías «ya han suscitado el interés de las principales firmas del sector consultor de España, que nos están solicitando información sobre el proceso», señaló, al tiempo que aclaró que una sola empresa sólo se puede adjudicar un máximo de cuatro lotes. «Se va a arrojar luz sobre lo que hacer con este sector», concluyó.

Una oferta de empleo público con más de 2.300 plazas

La oferta de empleo público de la Junta de Andalucía para 2019 prevé 2.351 plazas de Administración General, de las que 1.186 son de acceso libre y 1.165 de promoción interna, según dio a conocer ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. La suma total de los puestos convocados para este sector en los tres últimos años superará los 10.300. Se incluyen plazas de Ingenierías de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería de Montes, Ingeniería de Minas, Arquitectura Superior, Ingeniería Agrónoma y Veterinaria.