La Junta conoció en 2010 irregularidades de sindicatos en la gestión de ayudas

Sevilla- Los desmanes contables de los dos sindicatos de clase (CC OO y UGT) en partidas finalistas transferidas por la Junta no son nuevos, ni el Ejecutivo andaluz era del todo ajeno a lo que se estaba produciendo. Un informe de la Cámara de Cuentas de 2008, hecho público en 2010, sobre el programa «Acciones para la Igualdad y Promoción de las mujeres» ya pone a las claras que las dos plataformas sindicales estaban incurriendo en irregularidades.

CC OO y UGT recibieron en 2008 más de medio millón de euros (520.000) para los programas Igualem, que buscaba facilitar la igualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, y Defensa Legal, centrado en la asesoría jurídica y defensa procesal de mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo.

En ambos programas, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, la Cámara de Cuentas constata irregularidades. CC OO presentó la justificación de las subvenciones en el tiempo establecido, pero UGT se vio obligado a pedir una prórroga en cada una de las partidas. Aún así, en el programa Igualem ni siquiera constaba en los documentos acreditativos la copia compulsada de las facturas.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la extinta Consejería de Igualdad y Bienestar Social y que repartió en 2008 14,4 millones de euros en este tipo de subvenciones para la promoción de género, contribuyó a que estos desmanes se produjeran. Cuando acabó el trabajo de campo de la Cámara de Cuentas, el IAM ni siquiera había revisado la documentación justificativa de las ayudas recibidas por los sindicatos y, por tanto, «no había practicado la liquidación» de dichas subvenciones. Y no era por falta de personal. A diciembre de 2008, el Instituto Andaluz de la Mujer contaba con una plantilla de 226 trabajadores, con el doble de personal laboral (164) e interino (11) que funcionarios (92).

Tal y como ha trascendido recientemente, los sindicatos desviaron parte de estas partidas para fines que nada tenían que ver con el objetivo previsto. Ya alertaba la Cámara de Cuentas en el mencionado informe de que en los programas Igualem y Defensa Legal gestionados por los sindicatos las transferencias de capital sirvieron para financiar «gastos de personal, gastos de funcionamiento y demás gastos generales», mientras que sólo una pequeña parte se destinó a «actividades de inversión», que sí respondía a la naturaleza de este tipo de transferencias.

Los sindicatos emplearon de hecho la mayor parte de las subvenciones en gasto de personal. De la subvención de 100.000 euros para el programa Igualem que recibieron UGT y CC OO, este último sindicato justificó que empleó en personal técnico y administrativo 56.000 euros y otros 6.000 en gastos de funcionamiento, frente a los 38.000 euros en material formativo, publicaciones y difusión. El desembolso en personal de UGT fue aún mayor: 75.000 euros en gastos de personal y «gastos generales».

Sonado fue, asimismo, otro informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas para el fomento del empleo del SAE en 2009 . La Junta alegó que no entregó para su fiscalización el expediente de una subvención de 1,9 millones otorgada a UGT porque lo había perdido.

Cooperación internacional

Otra faceta de los dos sindicatos de clase es la gestión de ayudas otorgadas por la Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. CC OO opera en este terreno a través de la Fundación Paz y Solidaridad, catalogada como ONG sin ánimo de lucro, mientras que la «filial» de UGT es el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD). A través de estos entes los dos sindicatos han llevado a cabo proyectos tan exóticos como el «Fortalecimiento de la Coordinadora de centrales sindicales andinas (ICCSA». Ambos sindicatos se embolsaron en el año 2009, según recoge otro informe de la Cámara de Cuentas, 2,3 millones.

El TSJA avala la composición de la Mesa General

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por sindicatos contra la composición de las mesas de negociación en la Administración de la Junta, tras las últimas elecciones sindicales, avalando las decisiones adoptadas por la Consejería de Hacienda. En concreto,

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del TSJA, en sentencia de 17 de julio, desestima el recurso interpuesto por la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), por no estar presente en la Mesa General. Faspi está integrado por el Sindicato Médico, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Asociación de Profesores de Instituto APIA.