La Junta crispa el diálogo sobre las transferencias con otro recurso al TC

Sólo 24 horas después de que la Junta remitiera al Ministerio de Hacienda una propuesta para no tener que dedicar el grueso de los 1.712 millones de euros de aumento de transferencias al pago de deuda, el Consejo de Gobierno autorizó un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 6/2015 que permite al Estado detraer recursos a las comunidades para saldar deudas con las entidades locales. La cuerda vuelve a tensarse con el recurso número 17 al TC desde que llegó Rajoy a la Moncloa en noviembre de 2011. Y se tensa en un momento en el que el Ejecutivo autonómico necesita que Madrid abra la mano para poder consignar en los Presupuestos algunas medidas que le exige la oposición para emitir su voto positivo como la baja del tramo autonómico del IRPF.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó en el Parlamento el pasado jueves que iba a remitir al Gobierno una propuesta alternativa de gasto para no tener que dedicar la mayor parte de estos más de 1.700 millones que anunció Rajoy en julio al pago de déficit y deuda.

La Consejería de Hacienda ha enviado la propuesta a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Reclama una aplicación flexible de la directiva europea para que este dinero pueda dedicarse fundamentalmente inversiones y a cubrir servicios públicos fundamentales.

«Sería conveniente que el Gobierno de España explorase la posibilidad de incluir alguna cláusula de salvaguarda de la inversión pública en la aplicación de la regla de gasto, algo que ya se contempla para las corporaciones locales que cumplan determinadas condiciones», recoge la citada propuesta. El Gobierno, sin embargo, no está dispuesto al café para todos, a una financiación a la carta para cada comunidad autónoma, por lo que la regla que impere, esté o no inspirada en la propuesta andaluza, tendrá que regir para el conjunto de las comunidades representadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta vía diplomática la complementa la Junta con más munición en el Tribunal Constitucional. La Junta amagó la semana pasada con un recurso al TC sobre la Ley de Parques Nacionales, que retiró «in extremis» después de nueve meses de presunta negociación. El que sí interpondrá es contra la Ley que garantiza que el Estado pueda detraer fondos a las comunidades en el caso de impago con las corporaciones locales. La Junta esgrime a su favor que debe a los consistorios 217 millones de euros, pero que éstos le adeudan 402.

La Ley Orgánica 6/2015 modifica las leyes reguladoras de la financiación autonómica y de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La Junta entiende que se produce una vulneración del principio de autonomía financiera y de gestión reconocido en el Estatuto de Andalucía.

En la práctica lo que buscaba el Gobierno es un mecanismo de garantía ante el impago de las comunidades a los ayuntamientos, pudiendo retener recursos del sistema de financiación.