La Junta debe 2,5 millones a los centros de menores desamparados de Sevilla

Responsables de hogares de acogida denuncian que la Consejería de Igualdad les solicitó en julio como «un favor» que asumiesen el cuidado tras expirar los acuerdos vigentes. No fijó fecha límite ni ha pagado el coste de esos cuatro meses.

Un niño desatendido por sus progenitores durante cuatro meses, tiempo en el que no se hace cargo de su cuidado y sus gastos, descargando la responsabilidad de proporcionarle un hogar a terceras personas. Si la situación planteada fuera la de una familia, probablemente habría supuesto la intervención inmediata de los servicios sociales y la retirada de la patria potestad para los padres.

La perspectiva cambia cuando los «progenitores» son la Junta y el «niño», decenas de menores declarados en desamparo previamente de sus familias biológicas y cuya tutela recae sobre la Administración andaluza. Es lo que ha ocurrido entre los meses de julio y octubre con los niños que viven en centros de protección residenciales en la provincia de Sevilla. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales encargó su cuidado a los directores de los centros «de manera irregular y sin el soporte juridico-administrativo establecido, dejando a los guardadores sin cobertura legal adecuada para la atención a los menores». La denuncia parte de la Asociación Sevillana de Ayuda al Menor (Asam), que alerta de la «desprotección» que supone la actuación administrativa, tanto para los niños como para las propias entidades que se hicieron cargo con sus propios medios de ellos. La falta de «un régimen de pagos establecido supone un abandono económico por parte de la Junta, que incide directamente en sus derechos, al poner en peligro la atención integral de sus necesidades», recalca Asam. Los aproximadamente 2,5 millones de euros de los costes de ese período –calculados en función del coste por niño y plaza para las 297 que había pendientes–ni se han abonado ni existe compromiso por parte de la Administración para ello.

Fuentes de la Consejería admitieron a LA RAZÓN el «error administrativo» cometido y el retraso derivado en los pagos cuya resolución, aseguran, están ultimando. Respecto a la posible irregularidad, recalcan que «la tutela de los menores siempre es de los directores de los centros y de los tutores, haya contrato administrativo o no lo haya», mientras la Junta no retire esa cesión. «En temas de menores no nos la jugamos», remarcan. Según el relato de Asam, la delegada territorial, María Ángeles Fernández, citó en junio a todos los directores de centros concertados. Ambas partes sabían que la concesión estaba a punto de expirar, por lo que la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla les solicitó como «un favor» que continuaran con su labor. Todos accedieron, puntualizan, «por el bien de los niños» y debido a que no se planteó ninguna salida alternativa. El único documento escrito que queda de ese compromiso es un folio –que todas las partes firmaron– donde se detalla brevemente el acuerdo. Nada se dijo de cómo se sufragarían los costes derivados de la manutención y demás gastos ni sobre quién recaería la responsabilidad si algo le ocurriera a los menores. Tampoco se fijó una fecha límite para este «paréntesis legal».

Mientras se resolvía el trámite para renovar los contratos con los centros de protección, todas las instituciones continuaron haciéndose cargo de la alimentación, cuidado y educación de los menores, proporcionándoles un hogar en definitiva, ante la inoperancia administrativa. Fueron incluso de viaje con ellos durante las vacaciones y los han acompañado en el comienzo del nuevo curso. Afortunadamente, dicen, no ha ocurrido nada extraordinario que haya que lamentar. «Solo se habla de los centros cuando ocurre algo malo, pero la gente tiene que saber que aquí hay chicos muy valiosos que tienen mucho que aportar», defienden desde Asam. «Queremos que se sepa cómo la Junta incumple su responsabilidad con respecto a estos niños, que quedaron desamparados de sus familias y ahora han sido desamparados por la Administración», lamentan.

En el mes de marzo vivieron otra situación similar, aunque se alargó solo diez días. A día de hoy, tampoco esa deuda económica se ha saldado, cuando lo habitual es que se abonen las mensualidades sin retrasos.