La Junta deja como herencia un juicio por los miles de interinos de la sanidad pública

La Junta va a cambiar de manos y muchas serán las herencias que recojan quienes se pongan al mando del Gobierno andaluz. En la balanza negativa se encuentra el conflicto abierto tras el plan de estabilización que realizó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2016. La Consejería de Salud alcanzó un acuerdo con tres sindicatos en la Mesa sectorial para facilitar la contratación de profesionales contratados temporalmente que reforzaran la sanidad.

La presidenta, Susana Díaz, anunció en las vísperas de la Navidad de ese año quince mil contrataciones para dar seguridad laboral a sanitarios con años de servicio. El criterio que se negoció con los sindicatos no contentó a todos: contratar a quienes llevaran al menos doce meses trabajando en el mismo puesto, computados en los dos años anteriores. Satse, sindicato mayoritario de enfermería, se opuso al considerarlo discriminatorio, pero el pacto siguió adelante. La Junta se amparaba en sentencias de la Unión Europea y del TSJA para justificar su decisión pese a dejar fuera a cientos de trabajadores con más antigüedad. Además, determinó que cada hospital escogiese a qué profesionales se contrataría.

Después de cubrir esas plazas, se abrió el proceso a la bolsa de empleo única, por si era necesario cubrir vacantes por jubilación o de otro tipo. Las supuestas irregularidades llevaron a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) a impugnar judicialmente el acuerdo. Hospital por hospital fue presentando escritos contra el método utilizado por el SAS para determinar quiénes serían los «agraciados» con esos contratos de larga duración. Ser interinos les permite ocupar un puesto hasta que su plaza se cubra mediante la convocatoria de oposiciones. Mientras eso no ocurra, tendrán el empleo garantizado sin cambiar de hospital o incluso de provincia, como les sucede a los contratados como eventuales para sustituciones. En la práctica, los contratos pueden extenderse varios años, teniendo en cuenta además que entre las pruebas y los resultados de los procesos de selección han pasado en la última convocatoria tres años.

El rechazo sistemático a sus reclamaciones –o el silencio administrativo en algunos casos– llevó al presidente de ANIL, Manuel Martos, a presentar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al entender que afectaba a toda la comunidad. El TSJA se declaró no competente y lo derivó al Contencioso-administrativo 1 de Sevilla. Será este juzgado quien dirima el próximo martes si la Junta está cometiendo una ilegalidad desde hace dos años al saltarse la bolsa de trabajo, dejando fuera a profesionales con más experiencia. «Hay muchas personas con mucha antigüedad que no tenían en ese momento un nombramiento continuo de 12 meses, porque no tuvieron esa suerte –critica Martos–. No estoy en contra de que se dé la estabilidad al personal, pero el criterio que usa la Administración es discriminatorio y no tiene en cuenta al personal discapacitado ni mayor de 55 años».

La vista será la primera parada de un conflicto cuya resolución se antoja larga. Las dos partes recurrirán el fallo si no les beneficia. Si el juez le da la razón, ANIL pedirá «la ejecución provisional de la sentencia para que todo contrato que se oferte sea bajo el criterio de la antigüedad, que es el que siempre ha regido», asegura el abogado gaditano.

¿Y los quince mil contratados? «Los contratos de interinos no serán nulos porque los trabajadores son terceros que no se pueden ver perjudicados por una mala actuación de la Administración. Pero toda persona que pudiese haber tenido derecho, podrá reclamarlo», explica. Muchos de esos perjudicados siguen trabajando en hospitales públicos, pero en peores condiciones. «Han estado con contratos eventuales o de sustitución, que dependen de la bolsa y pueden mandarte a distintos destinos. El de interinidad te garantiza que te quedas en un puesto hasta que la plaza se cubra por convocatoria de empleo». Solo en su asociación hay más de quinientos afectados, dispuestos a pedir daños y perjuicios para que les reconozcan ese tiempo como trabajado.

Las claves

-La Junta selló en diciembre de 2016 un pacto para reducir los contratos eventuales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El criterio habitual de seguir el orden de la bolsa de trabajo se modificó, dejando fuera de esas quince mil contratataciones a profesionales con más años de experiencia.

- En enero de 2017, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) demandó al SAS por esta «discriminación» ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se declaró no competente y lo remitió a un juzgado de Sevilla.

- En septiembre de 2017, el juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 admitió la demanda, que respaldan

más de quinientos afectados integrados en ANIL. Antes, la asociación interpuso recursos en todos los hospitales solicitando la suspensión del proceso. Todos fueron rechazados

- Dos años se ha alargado, de momento, el conflicto. El próximo martes 11 de diciembre, el caso quedará visto para sentencia, pero todo indica que tanto el SAS como ANIL recurrirán el fallo si no les es favorable.

- La Junta ya se vio forzada este año a modificar los baremos de la bolsa de trabajo. El sindicato de enfermería Satse denunció irregularidades, al puntuar publicaciones sin rigor científico. Esto permitía a sanitarios sin experiencia superar a otros con más tiempo de trabajo.

- A las protestas ciudadanas contra los recortes en la sanidad pública iniciadas en 2016 se han unido este año los médicos de atención primaria para exigir mejores condiciones laborales.