La Junta de Andalucía descarta que la hoja de ruta la esté marcando Vox

Bendodo confirma que se está «verificando la cualificación profesional» de los empleados de las unidades contra la violencia de género

La petición de información de Vox sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género sigue generando polémica, tanto que el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se apresuró ayer en rechazar que la hoja de ruta de la Administración autonómica la esté marcando el partido de Santiago Abascal, como vienen denunciando los partidos de la oposición. Eso sí, Bendodo confirmó, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Gobierno andaluz «está verificando la cualificación profesional» de estos empleados «para asegurar un mejor servicio a las mujeres que lo requieren».

En cualquier caso, negó que el Gobierno andaluz esté sometido a «presiones» por parte de Vox y remarcó que «el ritmo del Gobierno lo marca el Gobierno» integrado por PP y Ciudadanos. En relación a la solicitud, lo que ha hecho la Junta es «lo que nos obliga la ley» y señaló que «es falso que se esté identificando a trabajadores de Justicia que operan en violencia de género». «Por mucho que se repita una mentira no se convierte en verdad», subrayó.

En esta línea, recordó que «hace 22 días» que se facilitó la información solicitada por Vox «a los cinco grupos parlamentarios, incluido el PSOE», porque el Gobierno andaluz «tiene la obligación de facilitar los datos por transparencia».

Bendodo también defendió la «profesionalidad» de los 270.000 empleados públicos andaluces, que «han entendido perfectamente que hay un cambio de gobierno, empieza una nueva etapa y, por tanto, un nuevo ritmo». Sobre si cree que es necesario que estos trabajadores estén colegiados, Bendodo respondió que no lo sabe, agregando que lo importante es que presten «el mejor servicio posible». Matizó, no obstante, que «si una persona tiene que trabajar en su ámbito vinculado a la ley, lo normal es que haya estudiado Derecho».

Frente a la actuación de la Junta, el PSOE-A confió en que el futuro Gobierno de Pedro Sánchez «blinde la defensa de las víctimas de la violencia de género» y denunció que los empleados andaluces en este ámbito han quedado en una situación de «indefensión». El delegado de Universidades del partido y diputado autonómico, Antonio Ramírez de Arellano, criticó que es «lamentable» el uso que se está haciendo por parte de algunos partidos de este asunto, «comprometiendo la independencia y la autonomía de los profesionales».

Así, recalcó que es «urgente» que el Gobierno central ponga en pie una estrategia de blindaje de esta cuestión, porque aquí «hay vidas en juego», en referencia a las mujeres víctimas de la violencia de género.