La Junta destina casi cuatro millones a premios de jubilación

Cetursa contempla entre 16.000 y 25.500 euros por trabajador jubilado

Cetursa, en sus alegaciones al informe de la Cámara de Cuentas que detalla que en el ente que gestiona Sierra Nevada se buscaron atajos en la legislación para mantener los privilegios de los altos cargos, defiende que cuenta con «un convenio colectivo muy beneficioso para los trabajadores, el mejor del sector de toda España sin duda alguna». Según el ente fiscalizador de la Junta, «el convenio colectivo del sector remontes vigente en el ejercicio 2015, al que pertenece el 85% del personal» regula «condiciones retributivas que contravienen lo establecido en las actuales normas presupuestarias y de medidas para el reequilibrio económico financiero de la Junta». Entre las retribuciones a largo plazo al personal, que aparecen en una auditoría que adjunta a la Cámara de Cuentas, se señalan, entre otros conceptos, premios de jubilación de entre casi 16.000 y más de 25.500 euros para los empleados con más de 10 años de servicio. La Junta también mantiene en su proyecto de presupuesto para 2018 una partida de casi 4 millones para este concepto, según el capítulo de personal. El año pasado destinó 4,8 millones.

Destacan los 144.300 euros recogidos para el Parlamento; 180.000 para la Cámara de Cuentas; o 49.000 para la Dirección General de la Consejería de Economía. Hacienda suma más de 345.000 euros en este concepto; Turismo, unos 340.000; el personal administrativo de Educación, casi 430.000, y el de Salud, cerca de 700.000 euros.

El premio de jubilación supone una gratificación extra que corresponde a funcionarios de la Junta y está sujeto a polémica. Ni los docentes ni el personal sanitario tienen reconocido este derecho. El propio Defensor del Pueblo –cuyos trabajadores también reclaman para sí esta prestación– abrió una investigación por la diferencia de criterio de la Junta a la hora de restablecer este derecho a los funcionarios pero no al personal laboral. Los premios de jubilación suponen una mejora salarial acordada de manera sectorial entre los sindicatos y la Administración. La gratificación ronda los 150 euros por año trabajado y se recibe una vez que se produce el cese de actividad. En el caso del personal de administración general de la Junta, el complemento lo pactaron en octubre de 2003 los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y Ustea, y la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín. Curiosamente, en el caso del personal de Justicia, se incorporó la retribución dos años después, con la firma en julio de 2005 de la entonces consejera de Justicia y Administración, María José López, actual responsable de Cetursa.