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La Junta detectó el primer intruso un año antes de que saltara el escándalo de los ERE

El abogado del PP-A muestra en el juicio un informe según el cual la testigo clave lo señaló en mayo de 2009 en Mercasevilla

  • La funcionaria de la Junta de Andalucía Ángeles García, que participó en la revisión de los expedientes de las ayudas dadas por la Consejería de Empleo tras estallar el caso ERE, declaró como testigo (Foto: Efe)
    La funcionaria de la Junta de Andalucía Ángeles García, que participó en la revisión de los expedientes de las ayudas dadas por la Consejería de Empleo tras estallar el caso ERE, declaró como testigo (Foto: Efe)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

11 de julio de 2018. 21:42h

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N. Acedo.  Sevilla. 12/7/2018

El magma dramático que puebla la sigla ERE pudo empezar a fraguarse y a ser conocido por la Junta antes de lo que parecía. En la sesión de ayer del juicio de la pieza política del «macroproceso» judicial que gira en torno a la misma, el abogado del PP-A –personado como acusación popular–, Luis García Navarro, evidenció que el primer intruso, beneficiario de una póliza sin derecho, no fue detectado en noviembre de 2010, a raíz de que comenzaran a publicarse las primeras informaciones sobre el caso, como han sostenido algunos de los declarantes, sino más de un año antes.

Desfilaron por la Sala de la Audiencia de Sevilla tres funcionarias que participaron en la revisión interna de expedientes ahora bajo la lupa de la Justicia. Una de ellas era María Ángeles García, quien explicó que se les entregó «documentación muy diversa, que no era la misma en todos los casos», para que comprobaran «si había habido algún tipo de irregularidad» en los expedientes. Detectaron pólizas individuales que con el tiempo se supo que eran para, por ejemplo, el ex alcalde del Pedroso del PSOE Rafael Rosendo; para Estrella Blanco, madre de Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; o para Cristóbal Martínez, «prejubilado con anterioridad en Azucareras Reunidas de Jaén», según aseveró García Navarro. Aunque los revisores de las cajas se limitaron a reflejar su existencia y no analizaron más allá. De hecho, la propia testigo, quien confesó que la tarea que se le encomendó no era de digestión fácil para ella, aseguró en la vista oral: «Me enteraba de muchas más cosas en la prensa. A mí me sorprendía», admitió, para insistir: «Tenía muchísima documentación allí y, sin embargo, había información pública muy superior a la que yo tenía». Tras el llamativo reconocimiento, el representante procesal de los populares le exhibió parte de un informe ligado a Mercasevilla. Explicó que fue realizado «el 5 de mayo de 2009» por la ex asesora de la Dirección General de Trabajo que se ha convertido en una de las testigos clave del juicio, María José Rofa –consta en el sumario porque forma parte de la documentación que ésta le aportó a la Guardia Civil–, y puso el acento en que ya entonces «la Consejería de Empleo tuvo conocimiento de la existencia de una persona que no tenía relación ninguna con Mercasevilla». En aquel momento se encontraba al frente de la mencionada dirección general Juan Márquez. El letrado le preguntó a la funcionaria si ese documento estaba entre la documentación que se le proporcionó y la aludida contestó que no se acordaba y se remitió a lo que hizo constar en su informe. «Sí obraba en la Dirección General de Trabajo...», insistió el abogado, pero la testigo se atrincheró en que no sabía si lo vio porque «era mucha documentación». En cualquier caso, García Navarro hizo constar ante el tribunal que Rofa identificó «a la misma persona» que ellos «detectaron en Mercasevilla, Antonio Garrido». El letrado del PP-A quiso saber luego si completaron los expedientes que les llegaron y la interpelada dijo que no incorporaron «nada», si bien a la Fiscalía le matizó luego que, si se pidieron elementos como el propio expediente de regulación de empleo a alguna delegación provincial porque no estuviera en lo que originariamente se les dio, les hicieron copias y que éstas «sí se guardarían», esto es, se sumarían a las cajas, mientras los originales se devolvieron. Aunque puntualizó que desconocía si esos documentos estaban o no sobre la mesa a la hora de otorgar los fondos. Milagrosa Ostos también relató que les suministraron unas cajas, que desconocía «de dónde venían», y que unas «tenían más documentación y otras menos», como expuso Silvia Barrera.

Una póliza por fallecimiento

A la última el representante legal del PP le recordó que, en relación al ERE de 2001 de la empresa Santana Motor, hicieron referencia a «tres pólizas», dos de ellas que recogían «rentas de supervivencia para 836 trabajadores» y otra «por fallecimiento de un señor antes de los 65 años». ¿Encontraron una explicación a esta última por defunción?, se aventuró de nuevo el letrado. Fue en vano. «Si en el informe no viene es porque no encontramos explicación», indicó la testigo. Junto a lo mencionado, hallaron «prestaciones de 22 trabajadores» que no estaban en el ERE, de acuerdo a la narración del abogado, y «una subvención excepcional de 2009 por importe de 603.000 euros para gastos de personal y servicios a ex trabajadores» que Barrera no supo concretar si era para el pago a la mediadora Uniter por prestar servicios a la asociación de ex empleados de Santana.

Más datos

* La jornada arrancó ayer a vueltas con el orden de los testigos. Las defensas de los 22 encausados plantearon que no se intercalaran los suyos con los aún pendientes de localizar por la acusación popular que ejerce el PP-A, al entender que esto vulneraba el derecho de defensa. El tribunal atendió su demanda.

* Las defensas que pidieron que declarara el ex presidente de la Cámara de Cuentas Rafael Navas renunciaron a que lo haga, entre ellas la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

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