La Junta dice ahora que no convocó cursos por la «alarma» que creó el PP

Díaz, en 2015: «Tomé una decisión, que era mantener la paralización de las convocatorias»

La Junta de Andalucía ha decidido cambiar el relato de la paralización de las convocatorias de los cursos de formación. Ahora que demanda un plan de empleo al Gobierno y éste le reprocha que no ha ejecutado las partidas destinadas a la formación en los últimos años, el Ejecutivo autonómico responsabiliza al PP de «parar» la formación en Andalucía. En realidad, la Junta es la única que puede convocar los cursos, pero se vio «obligada» a no hacerlo por las presiones políticas, judiciales y de medios de comunicación qu einformaban sobre el presunto fraude.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, puso voz a esa nueva versión ayer tras el Consejo de Gobierno. Acusó al Ministerio de «doble vara de medir» porque «nos dice que no nos va a dar dinero para un plan de empleo si la Junta no ha gastado dinero para la formación, pero no dice que hemos tenido que suspender la formación en Andalucía porque se ha creado alarma social por parte del PP-A con la formación, que en algunos momentos llegó a ser terrible, y ello nos obligó a tener que analizar los expedientes de formación entre 2007 y 2011».

Maldonado ahondó en esta teoría y dijo que la doble presión ejercida por el PP como «acusación particular» en los juzgados –en realidad es acusación popular– y con sus preguntas e iniciativas parlamentarias fue clave. «No iba a poner a todos funcionarios a trabajar en el examen de todos los cursos de formación que se han hecho durante estos años por gusto», argumentó. «Si ha habido algún responsable en que se pararan los fondos de formación ha sido el PP», dijo.

Esta teoría choca con la esgrimida por la propia presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz aseguró en el Parlamento de Andalucía en octubre de 2015 que cuando accedió al cargo «planteé que no iba a tener ningún resquicio en la gestión impecable, en ese sentido, y rigurosa. Y, evidentemente, tomé una decisión, que era mantener la paralización de las convocatorias de formación, en ese compromiso, como le decía, insobornable con la gestión rigurosa, limpia y ajustada a ley de los fondos públicos».

Díaz dijo «que existían dudas sobre la gestión de esos fondos que se hubieran gastado adecuadamente, y había una investigación judicial sobre los mismos, tomé dos decisiones. La primera, someter a profunda y exhaustiva revisión todos y cada uno de los expedientes correspondientes a la formación entre el año 2007 y el año 2011. Y tomé una segunda decisión, que era, como le decía paralizar los programas de formación hasta que no se clarificara el uso que se le estaba dando a las mismas». Ahora, al parecer, no fue decisión de la presidenta, sino una reacción a la presión del PP.