La Junta indemnizó con 42.866 € al ex director de Faffe investigado por pagos en puticlubs

Al dejar el puesto en 2011 recibió esa cuantía que correspondía al pago de los 20 días por año trabajado más un finiquito

En 2018 acabó encausado por el presunto uso irregular de tarjetas de la fundación pública en «locales donde se ejercía la prostitución»

Ventilar ciertos manejos y esclarecer el uso que los anteriores gobiernos socialistas hicieron de los fondos públicos. Ése es uno de los compromisos adquiridos por PP y Ciudadanos (Cs), los dos partidos que conforman el actual Ejecutivo andaluz y que para poder hacerlo firmaron un documento de medidas que incluía una centrada en la extinta Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (Faffe): la puesta en marcha en el Parlamento regional de una comisión de investigación que girara en torno a las presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento de ese ente. Ya se había gestado en la última etapa de la pasada legislatura autonómica, pero el adelanto de las elecciones andaluzas la estranguló. Ahora se ha retomado y se ha citado a declarar en campaña a los tres últimos ex presidentes del PSOE, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, además de a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con la intención de sortear vericuetos burocráticos LA RAZÓN recurrió al portal de transparencia puesto en marcha por la propia Junta para llevar a cabo una consulta hilvanada a esa fundación –creada en 2003 y extinguida en 2011, aunque el grueso de su plantilla acabó integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)–, y en concreto a su ex director general Fernando Villén. Éste ha terminado siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acusado de los supuestos delitos de prevaricación y malversación por el uso de varias tarjetas de la Faffe que soportaron gastos vinculados a «locales donde se ejercía la prostitución» de varias provincias de la comunidad, según la Guardia Civil.

En agosto de 2011 cesó un grupo de personas relacionadas con la Faffe entre las que se encontraba Villén y este periódico demandó información acerca de si éste cobró algún tipo de indemnización con dinero público tras su salida y, de ser así, a cuánto ascendió ese pago. La petición se ha formulado dos veces: en la primera, cursada en la anterior legislatura, la respuesta obtenida fue el silencio, transcurrido el tiempo normativamente fijado para contestar. En la segunda ocasión se ha denegado la información. Si bien, este diario ha podido saber que al ex directivo de la Faffe que ha acaparado titulares por su paso por puticlubs sí «se le liquidó como indemnización, con fecha de cese el 2 de agosto de 2011, por un importe total de 42.865,79 euros». Fuentes de la Junta han detallado a LA RAZÓN que dicha cuantía se debió a «una indemnización de 20 días por año trabajado más el finiquito, que incluía también cantidades salariales que le correspondían el día» de su salida de la órbita de la antigua fundación pública. Ese dinero cubría un periodo temporal que abarcaba desde junio de 2003 hasta el día del cese que se produjo unos siete años antes de que la titular del mencionado juzgado de Instrucción sevillano, María Núñez, desgajara de la pieza de la Faffe, que a su vez surgió de la «macrocausa» de los cursos de formación subvencionados, otro bloque en el que analizar los fines para los que se usaron varias de sus tarjetas.

Justificación de la negativa

En la resolución de la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por la que se ha acordado la inadmisión a trámite de la solicitud de acceso a los datos demandados se asevera que sí se tramitó con anterioridad la petición –de hecho, se afea la insistencia– y que se ha comprobado que sigue vigente la causa que provocó el que no se proporcionaran.

Sostienen que el hacerlo supondría «un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva» al existir un procedimiento en curso. Y aluden luego a «lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía». Ello, pese a que la petición nada tenía que ver con la utilización de las tarjetas por las que se ha encausado al ex directivo de la fundación Faffe.