La Junta no logra que el Estado le devuelva la gestión del Guadalquivir

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, había confesado por la mañana ser «pesimista» en cuanto a recuperar la gestión de las aguas del río Guadalquivir, que se debatía por la tarde en el Congreso de los Diputados. Competencias, que tendrían que conllevar transferencias económicas, según apostilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Con todo, pidió al PP un «ejercicio de coherencia», con lo que votó en el Parlamento andaluz en 2011, cuando no se opuso a una propuesta de la Cámara para que la región pueda tomar las riendas sobre las corrientes de la cuenca del río que transcurren por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Ruta que finalmente cristalizó en forma de Proposición de Ley Orgánica del Parlamento regional que ayer fue rechazada por PP y UPyD en la Cámara baja por considerarla «inconstitucional». La pelea por el control de las aguas del, para Góngora, «gran río, gran rey de Andalucía», viene de largo. En concreto desde la aprobación en 2007 del Estatuto de Autonomía.

En septiembre de 2008, Junta y Gobierno central pactaron ceder el total del Guadalquivir a la región, tras un extenso debate y pese a que Extremadura presentó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) por dividir la unidad de cuenca. De hecho, en enero de 2009 se hizo efectivo el traspaso con un Real Decreto. Si bien, en marzo de 2011, el TC anuló el artículo 51 del Estatuto , atendiendo la iniciativa planteada por el Ejecutivo extremeño que dirigía entonces Rodríguez Ibarra. Fue a raíz de ese revés cuando se planteó la opción del 150.2.

La diputada del PP-A, Carolina González Vigo, quien participó en el debate en Madrid recordó que a ese punto se había llegado porque «un socialista recurrió el Real Decreto» de entrega y «porque dos socialistas más, el señor Zapatero y el presidente de la Junta, el señor Griñán, no llegaron a ningún acuerdo sobre la gestión del Guadalquivir y la Junta tuvo que devolver las competencias». Otro socialista, Guillermo Fernández Vara, defendió en una entrevista con LA RAZÓN que «un Estatuto no puede modificar la Constitución» y que «el agua no es de nadie».

La asociación regantes Feragua tampoco respalda la cesión.