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La Junta pagará 100.000 euros por la defensa de uno de sus grupos societarios

El Gobierno andaluz licita un contrato con el que fichar un abogado para sus entes en el «caso Invercaria»

Un juzgado sevillano investiga en la causa la concesión de préstamos públicos millonarios a empresas

  • El juez Juan Gutiérrez Casillas es el instructor del denominado «caso Invercaria» (Foto: Manuel Olmedo)
    El juez Juan Gutiérrez Casillas es el instructor del denominado «caso Invercaria» (Foto: Manuel Olmedo)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

02 de septiembre de 2018. 21:08h

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N. Acedo.  Sevilla. 3/9/2018

Llevar el estandarte de la lucha contra la corrupción no es fácil, sobre todo, si ésta sigue suponiendo bocados para las arcas públicas. Varios entes del Gobierno andaluz están implicados en procesos judiciales y aunque éste cuenta con un gabinete jurídico, parece que no es suficiente o se considera que hay que rearmarlo desde el exterior. La Junta busca quien le cubra servicios de «asesoramiento y asistencia jurídica en materia de derecho penal en todos los procedimientos seguidos en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla» procedentes de las diligencias de investigación que afectan «al grupo de sociedades» nacidas de la matriz ahora denominada Venture Invercaria SAU, engarzada a la actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, esto es: Venture Invercaria SAU2 e Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía SICC, SA. El mencionado órgano judicial ha sido el encargado de impulsar el llamado «caso Invercaria» en el que se analiza la gestión de esa entidad pública de capital riesgo del Ejecutivo regional que concedió préstamos millonarios a empresas y cuyo germen fue un informe de la Cámara de Cuentas autonómica. La causa vivió un punto álgido en la precampaña de las elecciones autonómicas de 2012, al hacerse públicas unas grabaciones entre la ex presidenta de la sociedad encausada, Laura Gómiz, y otro directivo en las que se oía a la primera pronunciar afirmaciones como «si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización». Años después, el Gobierno andaluz quiere contratar quien defienda al ente, en una posible tentativa de zanjar el asunto al menor coste posible. El importe de la licitación es de 100.000 euros, 121.000 con IVA. La factura será asumida al 50 por ciento por Venture Invercaria e Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía. La cobertura será de un año y se prevé que arranque en 2018, dado que se baraja que la adjudicación y la formalización de la contrata podrían estar listas el próximo octubre, con lo que abarcaría también la mayor parte de 2019.

El alcance de la tarea a realizar por el abogado o el bufete seleccionado incluye «el ejercicio de las actuaciones judiciales o extrajudiciales que resulten necesarias para la representación jurídica» en el mencionado procedimiento seguido en el juzgado sevillano que capitanea Juan Gutiérrez Casillas, así como «todas las dimanantes de ésta» vinculadas al grupo de entes en el punto de mira «en los procedimientos de instrucción en calidad de perjudicado/acusación particular hasta la evacuación del trámite de presentación del eventual escrito de acusación incluido». Pero su labor no quedará ahí. Según se precisa en la memoria justificativa de gasto cosida a esta contrata y consultada por LA RAZÓN, el adjudicatario deberá además representar al conglomerado público «en las oportunas piezas de medidas cautelares» y asistir al mismo «en el acto del juicio oral». Los aspirantes a cobrar los 100.000 euros han de contar con unos requisitos previos: tendrán que acreditar un nivel de titulación de licenciado en derecho con más de cinco años de experiencia en servicios de ámbito similar. Quienes no cumplan ese «mínimo imprescindible» deberán abstenerse. Por su parte, el grupo empresarial público se compromete a facilitar al seleccionado «la información disponible relacionada» con el cometido que se le ha encargado. Unos datos que tendrán «un carácter confidencial», por lo que el adjudicatario «no podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito».

La entidad turística tiró también de bufete externo

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía contrató en agosto de 2016 al despacho Bores y Cías Abogados, a través de un procedimiento negociado con publicidad, para «la prestación de servicios de asistencia

y defensa letrada» de la entidad ligada a un recurso que se presentó en un juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Sevilla y, «en su caso apelación». Una defensa y asistencia que además podían «extenderse a cinco recursos más de análoga naturaleza», según ha confirmado ahora, vía BOPA, el titular de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández. ¿Cuánto supuso esa externalización para las arcas públicas? De acuerdo a lo expuesto por el consejero, el pasado junio aún no constaba en el expediente de esta contrata «ninguna factura de gastos de defensa jurídica». Con todo, Fernández sí apuntó que «la tasación de costas practicada asciende a 4.886,31 euros».

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