La Junta pagará por vigilar la salud del personal de un ente

Se privilegia con esa cobertura a los más de 473 empleados con los que cuenta la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Las diferencias entre trabajadores del extenso ámbito de la Administración andaluza continúan. Mientras varios sindicatos de funcionarios han denunciado en múltiples ocasiones la falta de ritmo en la implantación de políticas de prevención en la Junta, un ente del Gobierno andaluz ha contratado un servicio de «vigilancia de la salud» para «todos» sus empleados. ¿De quién se trata? La contrantante ha sido en esta ocasión la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura que comanda Rosa Aguilar. Se han destinado a este propósito 8.254,89 euros y la elegida para llevar a cabo la tarea ha sido Aspy Prevención SLU, una entidad que, de acuerdo a lo que se asevera en su página web, se compromete con sus clientes «en la búsqueda de la excelencia preventiva».

En este caso va a tener trabajo, dado que la cobertura es para «toda» la plantilla de la agencia pública, según se especifica entre la escasa información que sobre este servicio se ofrece en la plataforma del Ejecutivo regional, al estar encuadrado el asunto en la categoría de «contratos menores», de los que no se adjuntan pliegos. Y es que, a la luz del listado de puestos de trabajo de la agencia, localizable en el portal digital del Gobierno autonómico y actualizado a 31 de diciembre de 2016, el personal a nómina lo componen 473 personas, con retribuciones que oscilan desde los 11.780,76 euros, la más baja; hasta los 55.022,87, en el rango más alto de la horquilla. Cifra en la que no están incluidos los puestos cuyos titulares tienen la consideración de altos cargos. Así se especifica en el sitio de la web que aloja la hilera, con lo que el número global sería aún más elevado.

Se da la circunstancia de que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha copado recientemente algunos titulares debido a que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó y puso de manifiesto en un informe de fiscalización centrado en ella un cúmulo de irregularidades, entre otros ámbitos en el apartado de contratación. Tras analizar una muestra representativa de expedientes de personal los fiscalizadores descubrieron que en este ente de la órbita pública se habían «vulnerado» los principios constitucionales de «igualdad, mérito y capacidad» en el acceso al empleo público. También se habría burlado «la normativa de la función pública» en cuanto a la «publicidad de las convocatorias y sus bases» al haberse difundido, por ejemplo, las ofertas laborales sólo en la web de la agencia y en ningún boletín oficial. Tampoco se daban, por lo que se detalla en el mencionado informe consultado por este periódico, las condiciones de «transparencia, idoneidad e imparcialidad» en los procesos selectivos.

Las anomalías no se ceñían a los puestos directivos y afectaban a los contratos indefinidos y a los de una determinada duración. Es más, 68 empleados estuvieron vinculados a la agencia cultural en 2014 mediante el tipo contractual de obra o servicio, pese a que ocupaban puestos que formaban parte de «la estructura orgánica de la agencia», lo que implicaría vulnerar lo mandatado en el Estatuto de los Trabajadores.