La Junta pagó sueldos y facturas de la fundación de UGT en 2009

De la tarea de recuperación de la memoria histórica a pagar las facturas y nóminas de una fundación sindical. Bajo ese parapeto firmó la Consejería de Justicia un convenio en el año 2009, del que ya informó LA RAZÓN el pasado lunes, que sirvió exclusivamente para correr con los gastos de funcionamiento de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa).

El acuerdo, suscrito entre la entonces consejera Begoña Álvarez y el presidente de la Fudepa, Manuel Pastrana, incluye una introducción tipo que fue prácticamente calcada de un acuerdo previo entre ambos para el tratamiento documental del archivo histórico de UGT en Andalucía. Una parafernalia que concluye con un objetivo claro y conciso: «el objeto de este convenio es la concesión de una subvención de carácter excepcional para gastos de funcionamiento de la entidad», cuya sede se encuentra en uno de los dos pabellones del antiguo Hospital Militar de Córdoba que el Ayuntamiento cedió a UGT en septiembre de 2008 –el uso de otros dos lo tiene CC OO–.

En su justificación, la Junta alude a la normativa autonómica de recuperación de la memoria histórica en sucesivas ocasiones, para finalmente otorgar un «interés general» a la labor de la Fudepa cuyo «objeto primordial es la gestión de los archivos históricos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía».

Incluso, en la cuarta cláusula concede validez a sus criterios para hacer uso de lo que se supone una medida extraordinaria incidiendo en que «al estar relacionada con la memoria histórica resulta evidente el interés público». Algo que chocaría frontalmente con otra decisión de la propia consejería tres años antes, cuando una propuesta de la Fudepa fue rechazada al entender que «el objeto social de la asociación no incluye la recuperación de la memoria histórica».

El importe de la ayuda, que se extendió desde julio de 2009 a octubre de 2010, fue de 70.000 euros. En el desglose que aportó la fundación de UGT se consignan 52.500 euros para los gastos de funcionamiento del año 2009 y 17.500 para el siguiente ejercicio. Es decir, que en sólo cinco meses gastó el triple que en los diez siguientes por conceptos tan amplios y ambigüos como «servicios de asesoramiento» o «gastos generales».

Tal y como recoge el documento, el grueso de la partida se destinó a los costes salariales, que ascendieron a 31.615,08 euros, y otros 14.884,92 que se computaron como «gastos generales», sin ofrecer más detalles. Bajo el epígrafe «equipamiento» se endosaron a la Junta 11.500 euros, mientras que los «servicios de asesoramiento» costaron a las arcas públicas 12.000 euros.

Con ese «detallado» presupuesto consiguió la Fudepa que la Consejería de Justicia cargase a cuenta del maleable concepto de la «memoria histórica» más de un año de gastos y facturas que desde la Junta insisten en que «están perfectamente justificadas». Así lo reiteraron fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que actualmente tiene las competencias sobre dicho ámbito.

El histórico dirigente de UGT Manuel Pastrana, retirado de la primera línea el pasado mayo, ha ejercido como presidente de la Fudepa desde su creación en 2002. Como tal, ha sido quien se ha encargado de suscribir cada uno de los convenios negociados con la Junta y quehan reportado miles de euros a su fundación. En el caso de las ayudas por vía ordinaria es Rafael Toledano, también ex dirigente de UGT cordobés, quien está al mando de las operaciones como gerente, cargo que también mantiene desde los inicios de la entidad.