La Junta pasa la mano al 19% del alumnado que reclama tras suspender

La Junta de Andalucía trató de justificar ayer la «excepcionalidad» del título otorgado a un alumno del IES Los Álamos de Bormujos, en Sevilla, pese a haber suspendido cinco asignaturas.

La Junta de Andalucía trató de justificar ayer la «excepcionalidad» del título otorgado a un alumno del IES Los Álamos de Bormujos, en Sevilla, pese a haber suspendido cinco asignaturas. Tras rechazar la posibilidad de explicar el dictamen a este periódico el mismo lunes, la delegación provincial de Educación, a través de su delegado Díaz Morillo, ofreció una versión oficial sobre el «modus operandi» de la Administración autonómica que siembra más dudas de las que disipa: casi el 20% de las reclamaciones de alumnos que no aprobaron en el curso 2011-12 fueron atendidas. En otras palabras: la Junta pasa la mano a uno de cada cinco estudiantes que se lo piden, al menos en la provincia sevillana.

Las reclamaciones registradas a lo largo del curso pasado ascendieron a 290. De ellas, un total de 55 fueron estimadas. Así, la estadística confirma que el 18,96% de los suspendidos consigue aprobar en los despachos. Por tanto, la «excepcionalidad» no es tal. La consejería de Educación no facilitó ayer datos globales en la comunidad. La última cifra publicada, del curso 2008-09, cifraba en un 90% las segundas instancias desestimadas. La evolución es clara.

¿Y en qué se basa entonces esta medida? «La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones entiende que la materia superada permite obtener un nivel de consecución global suficiente para la obtención de la titulación, es decir, que ha alcanzado los objetivos de la etapa secundaria. Esta comisión, compuesta por la inspección educativa y profesores ajenos al centro en cuestión, analiza y resuelve. De forma extraordinaria, pese a tres asignaturas suspendidas, entiende que el alumno alcanza las competencias básicas y los objetivos de la etapa de secundaria. No promociona, sino que titula, porque estamos dentro de un proceso legal y garantista», argumentó Díaz Morillo.

El delegado insistió en que «no se trata de una decisión política, sino técnica», porque «el proceso educativo garantiza el procedimiento reglado por normativa, tanto al profesorado como a la comunidad educativa».

Los profesores de Bormujos se concentraron ayer en las puertas del centro: «No valoran para nada nuestro criterio profesional», dijo el jefe de estudios, Martín Rueda.

La Junta replica que «la normativa que nos regula, la LOE, la LEA, el decreto 231/2007 y la orden de 10 de agosto de 2007, establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en la comunidad. Cuando hay una reclamación interpuesta por los padres, hay una comisión que la que analiza y resuelve». El proceso pasa por contrastar el proceso educativo, las actas de evaluación, toda la documentación y los informes de los orientadores, según la delegación sevillana. En este caso, la madre denuncia una deficiente atención educativa a su hijo, que era repetidor de curso.

Si el número de reclamaciones representa a un 0,06% del alumnado, decisiones como la adoptada en este caso abren un camino peliagudo a los padres. En una primera reclamación, el alumno pasó de tener una calificación de 3 a 5 puntos, tanto en Lengua y Literatura, como en Inglés.

El claustro de profesores del centro optó por presentar una queja al conocer la resolución de la comisión que, evidentemente, señala a los profesores, sin que medie sanción. Si no existe responsabilidad, la decisión es simplemente «pasar la mano».