La Junta planea liquidar Invercaria después del escándalo de las ayudas

El escándalo en torno a la Sociedad pública de Capital Riesgo Invercaria, que saltó a la luz después de un demoledor informe de la Cámara de Cuentas y al trascender unas grabaciones en las que la ex presidenta Laura Gómiz instaba a un antiguo directivo a elaborar informes falsos, que fue despedido al negarse a ello –«si estuviera comprometida con la ética no trabajaría en esta organización», recoge la cinta–, tiene ya consecuencias directas, más allá del proceso judicial que instruye un juzgado de Sevilla. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está estudiando la posibilidad de integrar la sociedad dentro de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que depende, según indicó el consejero del ramo, Antonio Ávila. El argumento oficial es que «tiene que ver con un proceso de reestructuración general de toda la Consejería», señaló a Europa Press. «Hay un proceso de reestructuración amplio y profundo», de forma que en los dos últimos años y medio se «ha concentrado muchísimo toda la estructura organizativa». «Si hay mucha dispersión de áreas se puede ganar en profundidad pero se pierde en control», abundó.

El consejero dejó claro que «Invercaria como ente puede dejar de existir tal y como ahora la conocemos». No obstante, aclaró que «va a seguir la actividad de capital riesgo de la Junta de intervenir cuando surgen empresas que van a la banca y no se capitalizan o van al mercado y la tasa de retorno que tienen que pagar por el capital que presta es excesiva y se pone en riesgo dicha empresa».

El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla está encargado de la investigación del caso. En torno a 50 millones de euros escaparon al control en la agencia pública que la Junta sacó del control financiero permante y que reproduce patrones en la distribución discrecional de fondos similares al caso de los ERE fraudulentos. De ahí que el PP haya etiquetado el caso como el «segundo fondo de reptiles». La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó al juez que impute al que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación a la gestión de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía SL (FIVA). Sauquillo, tal y como recoge el informe de la Cámara de Cuentas, gastó en comidas casi 25.000 euros que no justificó. El Ministerio Público también pidió imputar por este mismo delito a otras cuatro personas más. Después de una providencia en la que el juzgado daba un ultimátum a la sociedad de capital riesgo para que entregara la información requerida, Invercaria puso el jueves de la semana pasada 50.000 folios a disposición de la Unidad Contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), que previamente se los había pedido al juez que instruye el caso.