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La Junta pone abogado a un ex consejero pese a ser acusación

Empleo autoriza al gabinete jurídico del Ejecutivo para que defienda a Vallejo, acusado de prevaricación y malversación

La Junta de Andalucía dirigirá la defensa jurídica de un investigado en el «caso Invercaria» al mismo tiempo que está personada en la causa como acusación particular.

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La Junta de Andalucía dirigirá la defensa jurídica de un investigado en el «caso Invercaria» al mismo tiempo que está personada en la causa como acusación particular. El protagonista es el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a una ayuda de 1,1 millones de euros concedida a la empresa Servivation.

Esta paradójica situación fue reconocida ayer por el vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, después de que el PP –también personado como acusación popular en este caso– denunciara este «disparate jurídico». La versión oficial es que hay un informe del gabinete jurídico que exime de responsabilidad a Vallejo en esta pieza y, según el vicepresidente, «como no se encuentra concernido tiene derecho, como todo cargo público, a ser defendido en ese caso concreto, a diferencia de lo que ocurre en otras piezas separadas». Es decir, que abre la puerta a que la Junta acuse a su ex consejero en otras ramas del caso y a su vez lo defienda –evitándole el pago de un letrado privado– en otras.

Los altos cargos de la Junta de Andalucía tienen derecho a asistencia jurídica por parte de los letrados de la Administración. El decreto 450/2000 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados contempla esta opción, aunque la norma está sujeta a interpretaciones. Así, el PP, en un escrito remitido al juzgado de Instrucción 16 de Sevilla –que es el investiga el caso– señala que la decisión de la Consejería de Empleo –que es quien autoriza la operación– vulnera precisamente esa norma.

«Para que exista la posibilidad de la defensa jurídica por el gabinete de la Junta de Andalucía, es esencial al margen de la cualidad de funcionario, político o personal contratado de la Administración pública, que el hecho investigado dimane del desarrollo de su cargo (...), circunstancia que no se da en las presentes diligencias, a tenor del auto de fecha uno de junio de 2016, en el que se determinan los hechos investigados, y que no ha sido objeto de recurso por ninguna de las partes», señala el escrito de los populares consultado por este periódico.

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También apunta que la Junta se reserva el derecho «a revocar su decisión» –la de ponerle abogado a Vallejo– si durante el desarrollo de la investigación se encuentran hechos que pongan «en cuestión su inocencia». A juicio del PP, se trata de otro motivo más para impedir que la Administración asuma la defensa de Vallejo, ya que si cambia de opinión, «por la existencia de indicios de criminalidad», podría «vulnerar el principio de presunción de inocencia» y, por otro lado, «la admisión del instructor de la defensa del investigado por servicio jurídico público es un trato de privilegio para el justiciable presuntamente constitutivo de un delito de prevaricación, utilizando el dinero público para fines discriminatorios con el resto de los acusados».

Hay otro matiz que el escrito del PP en el que se opone a que el juez admita a la Junta como defensa de Vallejo no pasa por alto: la posible «nulidad de las actuaciones». El motivo es que el letrado que defienda a Vallejo tendrá que informar a su vez a la Consejería, que ejerce la acusación a través de su ente instrumental Agencia IDEA. Advierte de que se podría vulnerar «el derecho a la tutela judicial efectiva» y recuerda que si es una cuestión meramente económica, el ex consejero puede reclamar un profesional del turno de oficio.

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Hay que recordar que Vallejo tiene que hacer frente también a los honorarios de su letrado en la pieza política del «caso de los ERE», donde está acusado por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Además debe hacer frente a una fianza por responsabilidad civil de más de 3,7 millones de euros.

Los hechos en cuestión se remontan a octubre de 2008 cuando la Junta de Andalucía, a instancias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que dirigía Vallejo otorgó un préstamo participativo a la empresa Servivation de 1.186.000 euros. Esta sociedad se creó «ad hoc» para asumir el personal de otra empresa, Vitelcom, empleados que habían protagonizado varias acciones de protesta –habían llenado de cruces de cementerio el Parque Tecnológico de Málaga–.

En el auto por el que el juez imputa a Vallejo, éste apunta que no existía un plan de inversión previo, sino simplemente «un documento sin firma ni fecha de una sola página, titulado Asunto. Vías de participación en el capital social de Servivation por parte de Invercaria».

Los responsables de esta sociedad de capital riesgo –que depende a su vez de la Agencia IDEA, ente adscrito entonces a la Consejería de Innovación y hoy a la de Empleo– señalaron en su declaración judicial que esta operación «no se analizó» en Invercaria, sino que fue una «imposición, orden o indicación del entonces titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo».

La secretaria general del PP-A, Loles López, se preguntó «qué sabe el señor Vallejo y qué teme el PSOE para haber hecho esta argucia» y lamentó que la Junta «ha jugado con las artimañas jurídicas para amparar a un amiguete», con el objetivo de «hacerle un favor».