La Junta presiona a Clínicas Pascual y plantea una oferta «con más dinero»

La plantilla cree que la propuesta «no es razonable» y «sigue sin garantizar el empleo».

Desde que el 31 de enero de 2014 finalizara el concierto por el que los seis hospitales de Clínicas Pascual prestaban servicios a la sanidad pública, ambas partes no han llegado a ningún acuerdo para su renovación, perdiéndose más de 1.000 empleos y quedándose en el aire otros 2.000. Ahora, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar más de 14 millones de euros a la empresa, la Junta mete presión planteando una oferta «con más dinero que el último concierto». Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, subrayando la voluntad de la Administración autonómica de llegar a un acuerdo, puesto que «es importante dejar espacio para el diálogo, pero el tiempo se está agotando».

Jiménez Barrios aseguró que la oferta es más cuantiosa y tiene una vigencia de cuatro años, frente a los dos del anterior concierto. El problema se centra en los precios, tal y como aseguró, remarcando que «la Junta los establece en función de los informes técnicos y jurídicos conforme a la ley, y la empresa quiere cobrar lo que la Junta no puede pagar». En este punto, señaló que «la sanidad pública no puede verse en manos de las decisiones de una empresa privada, que es lo que en este momento ocurre y por eso creemos que es necesario el diálogo y el acuerdo». Por su parte, la plantilla desconfió de la oferta, asegurando que «no es razonable» y «sigue sin garantizar el empleo».

Por este motivo, el comité intercentros ha elaborado un calendario de movilizaciones. La primera de ellas tendrá lugar hoy en Sevilla a las puertas de la sede del SAS. El lunes habrá una manifestación en Cádiz y el jueves 24 una concentración en el Parlamento andaluz, donde se entregarán «cientos de fimas de ciudadanos que apoyan el mantenimiento de nuestros centros».

El colectivo subrayó la «nula voluntad negociadora» de la Junta, a la que acusó de «jugar con el futuro de los trabajadores», que sufren impagos «que duran más de un año».