La Junta pretendió «conservar» los ascensores «más allá de la vida útil»

El Tribunal de Recursos Contractuales estimó las alegaciones de una empresa a la licitación para los hospitales de Sevilla

Un mes antes del accidente en el Valme quedaron suspendidos los pliegos para la licitación del mantenimiento de los ascensores en los hospitales de Sevilla «al no cumplirse los requisitos», apuntó en Pleno la popular Patricia del Pozo. Según la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, a la que accedió LA RAZÓN, actualmente la licitación del contrato para el mantenimiento de los elevadores para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla tiene los pliegos anulados tras la impugnación por parte de una empresa que alegó, entre otros motivos, que «el hecho de tener que mantener y adaptar normativamente instalaciones con independencia de su antigüedad supone en muchas ocasiones tener que conservarlas más allá de su vida útil» –los ascensores del Valme son de 1982, aunque en 2016 se destinaron más de 60.000 euros a su mejora– o que «el presupuesto anual (383.440,80 euros IVA excluido) es insuficiente para cubrir el importe de mano de obra (403.617,59 euros)».

¿Accidente fortuito o consecuencia de los recortes? ¿Se pudo evitar la tragedia en la que una joven falleció a causa de un traumatismo craneal severo tras la activación de un ascensor de súbito con las puertas abiertas? Son las preguntas que se plantearon en la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Parlamento para informar de lo sucedido desde el 20 de agosto en que Rocío Cortés perdió la vida, anunciando que el SAS se personará como acusación particular. PSOE y Cs se decantaron por la tragedia inevitable. IU, PP y Podemos achacaron a los recortes el siniestro.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales estimó parcialmente el recurso especial de Thyssenkrupp Elevadores contra los pliegos del contrato «Servicio de mantenimiento, conservación de aparatos elevadores, puertas automáticas, motorizadas y otros elementos de acceso para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla», promovido por el Virgen del Rocío. El tribunal adoptó el 16 de junio la medida provisional de suspensión de la adjudicación. La empresa instó a la anulación de determinadas cláusulas, fundando su pretensión en las exigencias de trasfondo económico. El contrato consta de dos lotes, incluyendo los ascensores y montacargas en el primero. La recurrente «alega que determinadas prestaciones exceden de las propias de un contrato de servicios de mantenimiento». La empresa señaló que «la inclusión en el contrato de las piezas derivadas de toda reparación, comprendiendo, además de los actos vandálicos, manipulaciones de terceros o la propia obsolescencia, aspectos absolutamente incontrolables e imposibles de valorar económicamente». «Tener que mantener y adaptar normativamente instalaciones con independencia de su antigüedad supone en muchas ocasiones tener que conservarlas más allá de su vida útil». La recurrente concluyó que «el contrato de servicios no puede incluir todos los repuestos que se requieran en la vida y que la Administración pretende que el adjudicatario asuma prestaciones que le corresponden a ella o que podría contratar a través de un contrato de obra o de suministro». El SAS alegó que se trataba de «la natural inclusión de los elementos cuya reposición es necesaria para la conservación de las instalaciones en estado óptimo de utilización y seguridad». El tribunal da la razón en esta parte a la empresa denunciante por la «absoluta indeterminación en el alcance y entidad de estas obligaciones, que impide conocer a los licitadores los límites reales de las prestaciones que comprende el contrato». El tribunal insta a «un contrato mixto» al excederse de uno de mantenimiento.

Sobre el «equilibrio económico», el SAS apunta al «riesgo y ventura» como «principio clásico de la legislación contractual conforme al cual el contratista debe asumir los riesgos a que está expuesto el desarrollo de un contrato y que repercuten en un mayor o menor beneficio económico». Sobre el presupuesto, el tribunal apunta, al ser el plazo de ejecución de dos años, que la licitación ascendería a 1.070.000 euros sin IVA, por lo que sí cubriría los gastos señalados para personal según convenio para los mínimos salariales.

La investigación deberá determinar si el contrato con Orona, que realizó las inspecciones en Valme (la última 8 días antes del accidente), era suficiente o si, como denuncia la oposición y la Marea Blanca, los recortes están detrás, directa o indirectamente, del suceso. «No es problema de ahorro o recorte de personal», defendió la consejera. La oposición señaló que el siniestro es «consecuencia de una serie de decisiones políticas desacertadas marcadas por el criterio economicista, que tiene su traducción en el perjuicio de la asistencia sanitaria y el mantenimiento de las instalaciones». El personal en Sevilla ha descendido entre un 30 y un 50%, según la Asociación de Personal de Mantenimiento y «en toda Andalucía ha caído un 21% el personal de oficio en las instalaciones sanitarias». IU señaló que «la adjudicación se produjo en septiembre de 2013 a Orona» por «354.000 euros». «La licitación estaba fijada en más de 600.000», hablando de una «baja temeraria».