La Junta prioriza en su acción normativa un consejo para proteger las mascotas

El bipartito no se está caracterizando precisamente por una gran efervescencia normativa. De ello da cuenta el resultado de los «martes en blanco» del Consejo de Gobierno, en los que escasean las medidas de calado. Hace dos semanas fue llamativo uno de los asuntos tratados: la declaración como Bien de Interés Cultural de la Escuela Bolera de Baile, una variante de la danza española con influencia de los bailes cortesanos franceses e italianos del siglo XVII y que tiene -sostiene la Junta- variantes autóctonas en la región como la cachucha y las sevillanas boleras.

No es menos llamativo que el primer decreto de desarrollo normativo de esta legislatura que el Gobierno andaluz ha enviado al Consejo Consultivo sea para regular la protección de animales de compañía. Concretamente, se trata del «Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía», sobre el que el Consultivo dictaminó favorablemente el pasado 7 de noviembre. El Consejo de Gobierno ya lo tiene en la recámara para su próxima aprobación.

El Consultivo se ha pronunciado esta legislatura sobre otro proyecto de decreto, con fecha de 19 de junio, pero no supuso ningún despliegue de normas, sino que era netamente procedimental, de modificación de otro decreto para regular la selección de profesores y provisión de puestos de trabajo. Hay, asimismo, dos dictámenes de proyecto de decreto, pero fechados tres días después de las elecciones del 25 de marzo, por lo que el envío corresponde al anterior Gobierno.

Los decretos suponen la principal herramienta del Ejecutivo para desarrollar las leyes. De ahí que sea reseñable que la Junta, en ocho meses de Gobierno, comience por regular las mascotas. A la espera de desarrollo normativo, por ejemplo, están buena parte de los preceptos contenidos en el Estatuto de Autonomía de 2007. La parálisis del nuevo articulado fue precisamente muy criticada por Izquierda Unida en la anterior legislatura cuando no estaban en el Gobierno. No hay rastro, por ejemplo, de la demandada ley de renta básica.

Los decretos puramente procedimentales no pasan por el Consultivo. De este tipo sí aparecen algunos en las reseñas del Consejo de Gobierno como el fechado el 24 de julio, para la actualización del Registro de Centros Docentes de Andalucía. La propia Junta aclara incluso que se trata de un trámite jurídico-administrativo «que se lleva a cabo todos los años por la Consejería de Educación» al ser una simple actualización de altas y bajas de centros.

No pasan asimismo por el Consultivo los decretos-ley, al tratarse de un trámite abreviado de urgencia. No obstante, tampoco han supuesto ningún impulso normativo los dos aprobados a lo largo de esta legislatura: el de reequilibrio financiero para cumplir el objetivo de déficit, que supuso la polémica bajada de sueldo de los funcionarios públicos; y para la reorganización de la administración periférica de la Junta. Ambos fechados el 19 de junio.