La Junta rectifica y resolverá su concurso según las bases originales

Despúes del juego de fuerzas y los cruces de demandas en los tribunales, el concurso de méritos de la Junta avanza. El punto de inflexión lo marcó la reciente sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA) que anuló la rebaremación del concurso de Granada.

Era el primer fallo que entraba en el fondo de la cuestión y estimó que el Gobierno andaluz vulneró la Constitución al modificar las reglas originales del concurso para igualar los servicios prestados por los funcionarios de carrera y por los interinos, a efectos de la valoración del mérito de la antigüedad. Cualitativamente supuso un paso, si bien, desde el punto de vista cuantitativo, era una más de las múltiples sentencias que el bloqueo de la prueba de méritos ha provocado, junto a una catarata de críticas por parte de sindicatos del sector que aseguran que «antes de que la Junta se sacara de la manga la ilegal rebaremación, en septiembre de 2011 ya estaba preparado el listado de plazas».

Más de un año después, el Ejecutivo regional, en concreto la Consejería de Hacienda y Administración Pública, da marcha atrás y prevé tener resuelto el concurso, convocado en marzo de 2011, en el primer trimestre de 2013, conforme al baremo primigenio. ¿Qué se computará a la hora de valorar la antigüedad? Los servicios prestados como personal funcionario de carrera.

¿En qué justifica la Junta su rectificación? El Gobierno andaluz se agarró a un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictado el 8 de septiembre de 2011, para modificar las reglas originales del concurso. Ahora, después de que el TSJA aludiera a esa instancia comunitaria y estimara que «existen razones objetivas que justifican la aplicación de criterios de antigüedad diferentes» para los dos colectivos de empleados públicos mencionados, la Junta valora «muy positivamente» este fallo judicial.

Es más, la Consejería anuncia que, de acuerdo con el informe emitido por el gabinete jurídico de la Administración andaluza, «procede la resolución del concurso conforme a sus bases originales», por lo tanto, analizado el estado procesal de todas las convocatorias, «se llevarán a cabo las actuaciones necesarias conducentes a la resolución» del conflicto. Desde CSI-F, sindicato con 41 procedimientos abiertos en los juzgados por este tema y cuatro sentencias favorables del TSJA, mostraron ayer su satisfacción por la decisión de Hacienda.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) aseguró, en cambio, «no tener notificación oficial», pese a ser el recurrente en el fallo crucial del Alto Tribunal andaluz. Su presidente, José Manuel Mateo, es rotundo: «Permaneceremos vigilantes de la ejecución de sentencia de la Junta». Defiende que los 12.000 afectados por la «ineptitud de la Junta» no son responsables «del tiempo perdido por una cuestión inconstitucional» y aboga por que «se valoren los servicios administrativos prestados, también económicamente».