La Junta recurre ahora el auto de Alaya en el que imputó a 20 cargos públicos

La Junta está personada como acusación en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, argumento que distintos miembros del Gobierno andaluz utilizaron «a priori» para justificar que no se recurriera el auto de imputación masiva que la juez Mercedes Alaya dictó el 28 de junio y que criticaron. Se afirmó que lo haría a título individual quien así lo estimara de la veintena de cargos y ex trabajadores públicos afectados, entre ellos la ex consejera de Economía y ex ministra, Magdalena Álvarez, o el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano.

En la progresión de acontecimientos, el pasado martes, el portavoz Miguel Ángel Vázquez apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el auto era «perfectamente recurrible». Llegó a plantear que parecía «querer imputar delitos que no existen en el Código Penal» e incidió en la «cierta inconsistencia» del escrito de Alaya. Al hilo de esa supuesta endeblez, ayer adelantó El País y luego confirmó la Junta que su gabinete jurídico ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el mencionado texto legal «en el ejercicio de sus competencias» y «de su autonomía funcional» recogidas por ley, según explicaron en una nota.

¿En qué fundamentan el recurso? En «la subsanación de la defectuosa construcción del auto» por «su evidente falta de motivación» y en garantizar «una instrucción impoluta y que no deje flancos débiles». Es más, los letrados advierten en su argumentación «de una posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada, una estrategia que tienen en sus manos las defensas personadas, a las que en este momento procesal puede interesar no recurrir el presente auto» para reservarse las alegaciones en ese sentido «para la fase de juicio oral». Una supuesta anulación de la instrucción entonces que, a juicio de los abogados de la Junta, «evitaría la reparación completa del daño producido a los intereses públicos» que dicen perseguir.

El cuerpo de letrados oficial reclama una mayor motivación del auto de acuerdo con la doctrina del Constitucional. Desde esa óptica, se precisa en el recurso que «los escasos e inconcretos hechos que se relatan en el auto y dan lugar» a la imputación múltiple «no suponen ninguna infracción legal». Entiende que «no cabe» una «imputación penal» por «la elaboración de la Ley del Presupuesto o por su recta ejecución», fundamentada «en el desacuerdo personal con el contenido de la citada norma». Cabe recordar que la partida 31.L, el denominado «fondo de reptiles», estuvo incluida en las cuentas de 2001 a 2010.