La Junta rescindirá el contrato a las empresas que deban dos meses de salario

La contratación pública responsable está pasando de discrecional a obligatoria. Las cláusulas sociales son normas incluidas en los pliegos a la hora de contratar servicios.

La contratación pública responsable está pasando de discrecional a obligatoria. Las cláusulas sociales son normas incluidas en los pliegos a la hora de contratar servicios. La Junta rescindirá «automáticamente» el contrato a aquellas empresas que trabajen e incumplan durante dos meses consecutivos el pago del salario a sus trabajadores, destacó la presidenta, Susana Díaz, en relación al acuerdo con los representantes sindicales y empresariales para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Administración andaluza. El acuerdo también afecta a las empresas que tributen en paraísos fiscales. La contratación socialmente responsable es un concepto impulsado al amparo de la Estrategia Europa 2020.

Las condiciones de la Junta para sus contratos choca con su historial de pagos. La morosidad de la Junta ha costado 600 millones en intereses de demora desde 2004, según el PP-A. El plazo máximo de pago de la administración es de 30 días. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) denunció este verano la ruptura del diálogo mientras no se paguen las ayudas pendientes a 3.000 de sus afiliados desde 2015. El último informe sobre la morosidad de las administraciones fija la media de la Junta en 30,55 días. La Administración, aparte, redujo el período legal para los servicios esenciales a 20 días. El último dato de la Junta, el de agosto, situaba el pago en 13,55 días y fijaba una reducción de 25 días desde enero.

En Canal Sur Radio, los períodos medios de pago han llegado a más de 461 días, con una demora real de 591. Desde las cooperativas sociosanitarias de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo situaron la demora por parte de la Junta en «cuatro y cinco meses». En la comunidad, el sector sociosanitario ha dado empleo a cerca de 7.500 personas, un 11% del empleo de la economía social andaluza. Las empresas de la construcción han arrastrado una deuda acumulada reconocida desde 2011 de 250 a 300 millones. Las patronales, que indican que en la actualidad el débito se ha ido solventando, la situaban en 1.100 millones. En este mismo período, la deuda de la Administración con los proveedores fue de 4.500 millones. Cuando se abrió el plazo para adherirse al plan de pago a proveedores, la Junta contaba con 772.753 facturas pendientes, esto es, más de 2.763 millones de deuda. A junio de 2015, la deuda con las empresas de diálisis era de 4 millones; con los proveedores del SAS, de 318 millones; y con las empresas que hacen prótesis e implantes, de 20 millones. Hasta que se llegó a un acuerdo con los consorcios, la Junta acumuló una decena de mensualidades pendientes con los trabajadores de la Escuela de Hostelería La Cónsula. Una situación similar vivieron en CioMijas y La Fonda. A las universidades, la Junta les debe 333 millones y hace dos años era prácticamente el doble. Las empresas de formación, con el parón a causa del fraude, están pendientes de casi 200 millones.

En relación a la contratación de morosos fiscales, la Junta adjudicó la limpieza de numerosos colegios de Sevilla a Limpiezas Celeste, pese a acumular una deuda con Hacienda de 5,3 millones según la «lista Montoro». Limpiezas Celeste, con sede en Granada, trabajaba en toda Andalucía y tenía la contrata de organismos públicos como los juzgados.

Susana Díaz presidió la firma del acuerdo entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales, por la que la Junta y sus entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, con «el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo», señaló la Oficina del Portavoz. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CC OO, y la CEA suscribieron el acuerdo para que «se valore a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente». El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral. Las cláusulas sociales y medioambientales una vez que el acuerdo sea aprobado en el próximo Consejo de Gobierno.