Relaciones laborales

La Junta reta al Gobierno con la jornada de 35 horas

Aplicará la medida a los funcionarios en enero, pese a que está recurrida en dos regiones

Díaz y Montero, ayer en San Telmo con los representantes de UGT, CC OO y CSIF
Díaz y Montero, ayer en San Telmo con los representantes de UGT, CC OO y CSIFlarazon

Aplicará la medida a los funcionarios en enero, pese a que está recurrida en dos regiones

Después de que el Gobierno central devolviera a los funcionarios del Estado el 50 por ciento restante de la paga extra de Navidad que suprimió en 2012 –el cobro se hizo efectivo entre abril y mayo–, la Junta de Andalucía acordó ayer con los sindicatos la devolución del 75 por ciento de la retribución que queda por abonar a sus empleados públicos en tres plazos, concretamente el próximo mes de septiembre, en febrero de 2017 y en febrero de 2018. Éste es uno de los compromisos del calendario que firmó ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los representantes de CC OO, UGT y CSIF, sindicatos que integran la Mesa General de Negociación Común de la Administración autonómica. Este pacto llega a escasas semanas de una nueva convocatoria electoral y casi un año después de otra foto –también en San Telmo– en la que la Junta, ante los mismos sindicatos, se comprometió a devolver un 25 por ciento de la extra y a establecer un calendario para satisfacer los restantes abonos. Mientras, la mayoría de las comunidades autónomas han ido devolviendo la paga, caso de Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Canarias.

Junto a ello, la Junta también anunció que se recuperará desde el 1 de enero de 2017 la jornada laboral de 35 horas semanales en todos los sectores de la Administración autonómica, elevada por el Gobierno central a 37,5 horas en 2011. El objetivo, según el Gobierno andaluz, es «permitir a los empleados públicos avanzar en sus necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral», además de «contribuir a la creación de empleo». Sin embargo, esta misma medida ya ha sido adoptada por dos comunidades –Castilla-La Mancha y el País Vasco– y el Gobierno central ha reaccionado recurriéndola, por lo que, previsiblemente, se abrirá un nuevo frente judicial entre ambas administraciones.

El acuerdo también contempla la recuperación de los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, de modo que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 días hábiles de vacaciones anuales, que se incrementarán en un día más a los 20, 25 y 30 años de trabajo, respectivamente. También, ya a partir de 2018, se iniciará la recuperación del 10 por ciento de las retribuciones variables de la nómina asociadas a la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada o de carrera profesional. Esta restitución se efectuará en dos tramos, a razón de un 5 por ciento en el ejercicio de 2018 y el otro 5 en 2019.

Para Díaz, con estas medidas «se acaban las horas de Rajoy», un acuerdo que afecta 16.000 empleados públicos de la Junta y que «viene a poner las cosas en su sitio». «La Junta defiende que la recuperación económica se traduzca en que las personas recuperen sus derechos sustraídos en el decreto de Rajoy de 2012, y ese fue mi compromiso en el discurso de investidura», apuntó.

Los sindicatos firmantes se mostraron satisfechos con las medidas, aunque con salvedades. UGT aseguró que el acuerdo «siempre es mejorable» y cifró la creación de empleo que conllevará entre 12.000 y 14.000 puestos de trabajo. CC OO advirtió de que estarán «atentos» para que se cumpla «en todos sus términos», a la vez que procurará avanzar en otros aspectos de la negociación, como se contempla en el propio documento. CSIF, por su parte, recordó que aún falta por recuperar los complementos de las pagas extras de 2013 y 2014.

Sí se mostraron mucho más críticos los sindicatos Satse y SAF. La central de enfermería lamentó que «se pretendan recuperar derechos en tres años cuando se borraron de un plumazo» y denunció que los profesionales sanitarios «están afectados por unos recortes que no sufren el resto de la función pública». El sindicato de funcionarios, de su lado, calificó la rúbrica de «acto electoral puro y duro» y añadió que «sólo firman acuerdos para fijar calendarios y no para recuperar derechos, lo cual es impresentable».