El Gobierno andaluz saca otra lista de espera “oculta” en los datos de la dependencia

Contabiliza las personas con solicitud aún sin valorar, una cifra pública que el PSOE no incluía.

El nuevo Gobierno andaluz sigue rebuscando en los cajones del anterior para denunciar su gestión. Si hace unas semanas sacó a la luz medio millón de pacientes en listas de espera para operarse que el consejero de Sanidad denunció que su antecesora ocultó, ayer fue la responsable de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, la que habló de «opacidad y falta de transparencia» en los datos de dependencia del anterior equipo porque hay «34.373 andaluces que no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente». Un «gran fraude social oculto» en palabras del consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Lo cierto es que esos 34.373 andaluces son personas que han presentado su solicitud y están pendientes de valoración, la resta entre las solicitudes presentadas y las resoluciones dictadas, datos ambos que aparecen mensualmente en las estadísticas oficiales del Portal de la Dependencia puesto en marcha en la web del Imserso (www.imserso.es) desde que se aprobó la ley.

De los ya valorados, hay 75.097 que teniendo determinado su grado y nivel de dependencia y reconocido el derecho a una ayuda, aún no la reciben. Son esos los que el Gobierno socialista consideraba en lista de espera, si bien la actual Consejería de Igualdad defiende que desde el momento en el que una persona solicita ser valorada ya está en lista de espera, aunque luego la valoración concluya que no es dependiente con derecho a una prestación. Más que datos «ocultos», hay una diferencia entre lo que consideran listas de espera en la dependencia el Gobierno actual y el anterior, si una vez reconocida a una persona la condición de tal y por tanto su derecho a recibir una ayuda o desde que presenta una solicitud para saber si tiene o no derecho. La consejera añadió otra lista de espera que no han podido cuantificar: la de quienes han presentado su solicitud en papel pero aún no ha sido registrada en el sistema informático y no sale en ninguna estadística.

77 millones para agilizar

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un plan de choque de 77 millones para simplificar los trámites, mediante la digitalización de las solicitudes y la unificación del procedimiento de reconocimiento de los solicitantes y de la concesión de las prestaciones (ahora se hace en dos fases), y para cubrir las bajas del personal valorador.

Según Ruiz, pasan meses y hasta años desde que se presenta la solicitud hasta la valoración y de ahí a tener reconocido el derecho y el tipo de prestación otro período largo, pero a partir de ese momento se cumplen los seis meses legales para recibir la ayuda.

De los 75.097 dependientes ya reconocidos que no perciben el servicio o ayuda económica asignado. la consejera detalló que 8.196 son grandes dependientes –más de 300 menores–, 17.229 severos y 49.672 moderados. Este nivel arrastra el mayor retraso porque en 2012 el Gobierno estatal de Mariano Rajoy aplazó su incorporación al sistema a 2015. Las solicitudes que llegaban y se valoraban como dependiente moderados quedaban a la espera de que entraran en vigor las prestaciones para estos. De hecho, Ruiz anunció que uno de los objetivos del plan de choque será agilizar las ayudas a este grupo.

Los datos «conmueven y dan vergüenza», lamentó, tras denunciar el «colapso» en las listas de espera desde hace años e incumplimientos de los plazos legales, una «dejación de funciones y sobre todo una falta de humanidad». Culpó a la falta de medios humanos y técnicos, si bien felicitó a los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia por su esfuerzo. Para gestionar el plan de choque ha nombrado directora de la agencia a Gloria Espinosa de los Montes, hasta ahora interventora de la Junta.

En su informe anual, la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales –que analiza los datos por comunidades– califica de «preocupante» la situación en Andalucía. Reconoce que tiene una presión de demanda «muy elevada» con el 22% de los dependientes de toda España y una tasa de solicitudes por encima de la media nacional, y también que «ha incrementado las atenciones en estos años», pero alertó de que el ritmo de ese incremento es «claramente insuficiente para absorber el limbo de la dependencia que tiene por delante» y «mucho menos si no se da un impulso decidido» desde el Estado, que cofinancia el sistema. Durante años la Junta de Andalucía se quejó de sostener «a pulmón» la dependencia.