El saqueo sindical

La Junta sigue sin entregar los reparos de la Intervención a las ayudas para formación

El PP los reclamó en octubre de 2012 y el Ejecutivo, con la complicidad del Parlamento, ha entorpecido su consulta

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojaslarazon

SEVILLA-Las sospechas sobre el mal uso de los fondos públicos destinados a la formación de desempleados vienen de años atrás. Incluso existen ramificaciones entre empresas que han obtenido dinero del fondo de los ERE o de Invercaria que también han recibido ayudas para impartir cursos para los parados.

El 17 de octubre de 2012, el PP formalizó una petición a través del Parlamento para consultar diversos expedientes de ayudas. Los populares ya denunciaron entonces que existían numerosos informes de reparo por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía a subvenciones concedidas con cargo a esta partida, que se nutre de fondos europeos. Desde esa fecha, la oposición sólo ha podido hacer una visita a la Consejería de Hacienda y Administración Publica –el 29 de enero de 2013– y consultar –sin fotocopiar, escanear o fotografiar la documentación– una mínima parte de la documentación requerida.

Entre las peticiones que hizo en su día el PP, se encuentran informes de reparos del órgano fiscalizador a subvenciones, entre otros de UGT-A –también de CC OO–. La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado esta semana a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT, tras las informaciones aparecidas en el diario «El Mundo» que apuntan a la posible falsificación de facturas para financiar gastos ajenos a los desempleados.

Según aseguró ayer el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, las discordancias de los interventores sobre determinadas facturas afectan a «bastantes millones de euros».

El PP reclama que se auditen «euro por euro» todos esos fondos, que entre 2001 y 2010 alcanzaron los 4.000 millones de euros.

En su última declaración ante la juez Mercedes Alaya, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ya puso el foco sobre la Dirección General de Formación y Empleo y argumentó que mientras él manejaba unos 54 millones de euros al año, este departamento tenía a su disposición 290 millones.