La Junta tardó 28 meses en dar ayudas que tenía que otorgar en tres

La Administración «desactivó» esa función en el sistema informático para evitar la caducidad.

La Junta de Andalucía aprobó el 27 de julio de 2011 una orden que regulaba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas. En el apartado 15 de la norma se señalaba que el «plazo máximo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento era de tres meses, que se computarán desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución». La realidad es que, según denuncia la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización, dicho se plazo se dilató «a 28 meses en la convocatoria de 2012 y 20 meses en la de 2013».

El artículo 19.3 de esa orden también señalaba que una vez vencido «el plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona interesada», ésta debía «entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención». Sin embargo, en la auditoría de la Cámara de Cuentas, el órgano de control desvela cómo la propia Administración regional –o Extenda, un ente que depende de la Junta– evitaba ese retraso: «El sistema de información que soporta el tramitador de estas ayudas dispone de un control que tiene parametrizado el plazo de caducidad de los expedientes. Dicho control fue desactivado una vez que todos los expedientes superaron el plazo establecido de tres meses».

Así las cosas, el informe refleja que a 21 de mayo de 2015, existían 119 de los 511 expedientes de 2012 sobre los que no se había emitido resolución de concesión. En la convocatoria de 2013, sólo se había resuelto la concesión de 63 de los 390 expedientes catalogados como «viables», siendo el principal motivo para que no se haya emitido la resolución de concesión la «falta de tramitación del documento contable de reconocimiento del crédito por parte de la Consejería».

No es el único reproche que incluye el estudio. La Junta asegura que el plan se ejecutó por encima incluso de lo previsto, que eran 250 millones de euros durante la vigencia del mismo. La Cámara de Cuentas señala que «los informes de seguimiento financiero del plan, que cifran su grado de ejecución muy por encima del 100%, no concuerdan con los resultados obtenidos». Y recomienda a la Junta que «la ejecución financiera de cualquier plan o estrategia debe realizarse en términos de liquidación presupuestaria, identificando claramente las aplicaciones que registran los gastos comprometidos, de forma que existe una sencilla y clara correspondencia entre la información financiera de un plan o estrategia y el presupuesto de la Junta de Andalucía».

La «Fiscalización del Plan Estratégico de la Internacionalización de la Economía Andaluza 2010/2013: especial referencia a las actuaciones de Extenda» también encuentra deficiencias en el uso de las transferencias de financiación, cuestión investigada en varios procesos judiciales. «Durante los años 2010 a 1012, las transferencias de financiación de capital se han destinado parcialmente a financiar la estructura básica de Extenda, incumpliéndose las previsiones del artículo 18 de la Ley 15/2001».