«La licitación de la Junta ha caído un 40% desde enero. Ni paga ni hace nada»

El desplome de la actividad en la construcción se sitúa en el 90% entre 2008 y 2013. Son números que asustan.

–Pues imagínese, fue desastroso: una caída del empleo del 64%, la desaparición del 37% de las empresas y prácticamente el millón y medio de empleos de los tres que se han perdido en España.

–¿Se plantean en qué plazo la situación volverá a ser igual o es utópico pensarlo?

–Esto va a depender como siempre de los políticos, nosotros dependemos de la inversión pública, racional, no queremos obras faraónicas.

–Tampoco cuentan con la ejecución de viviendas de protección oficial.

–Lógicamente ese empleo es muy difícil recuperarlo. Por eso hablamos de que ojalá llegáramos no a los 460.000 que había al empezar la crisis, pero por lo menos al horizonte de los 225.000 empleos. Bastaría con que la inversión pública en lugar de los 1.600 millones rondara los 2.500-2.800 anuales.

–Dice que dependen de la Administración, que además no suele ser buen pagador.

–Es pagador tardío. ¿Nosotros qué queremos? Que se cumplan la Ley de Morosidad y la de Contratos de las administraciones públicas.

–¿No se están cumpliendo?

–No, no, además con un mayor problema: hasta tiempo atrás las entidades bancarias eran financiadoras de nuestra actividad. Hoy ya no ocurre eso. A raíz del decreto Guindos, se iguala ladrillo a construcción y las entidades dejan de financiar porque les exige aprovisionar el 50% ante el Banco de España, con lo cual no es operación.

–¿En cuánto tiempo se sitúa la demora en el pago?

–El año ha empezado francamente mal, apenas se han pagado a día de hoy las facturas de enero, pero además seguimos con atrasos de obras sin pagar del año pasado, sobre todo en el tema de la conservación, que nos ha llevado a exigir responsabilidades ante al Intervención General.

–¿Tienen cuantificada esa deuda?

–No, no lo sabemos. Tenemos más controlada la conservación de carreteras porque nos afecta y la seguimos día a día. Una Consejería, la de Fomento, que debía ser la que más invirtiera, de los 90 millones invertidos en 2014, a principios de año se adeudaba casi el 50% de lo que está adjudicando. En el caso sangrante de conservaciones, se sigue manteniendo una deuda de en torno a 25 millones. El mes pasado se pagó la factura de septiembre. Hay seis o siete meses sin pagar y eso ha llevado a que varias de las empresas estén en quiebra.

–¿Ha notado diferencia tras la salida de IU del Gobierno?

–La única el talante. Los anteriores estaban con su campaña política de las corralas y se desentendían por completo. Hay un problema de traspaso de fondos desde la Consejería de Hacienda a esas agencias, no solo la de Obra Pública. Se crearon para ser más eficaces y están sirviendo para ocultar el déficit mediante el no reconocimiento de deuda a las empresas constructoras.

–¿En qué situación se encuentra la reclamación judicial?

–La presentamos en el TSJA en enero y nos contestó admitiéndola. Lo que hicimos como asociación fue poner en su conocimiento la situación pero no podemos entrar en que cada uno individualmente reclame. Lo que pasa que no hay quien te quite dos años para una resolución de un problema que lo tienes ahora.

–Una queja reiterada de su organización es que no se cumplen los planes de inversión de la Junta.

–Desde el año 2005 se calcula que se ha ejecutado en torno al 58% de lo que había previsto. ¿Dónde está el resto del dinero?

–Eso le iba a preguntar.

–Muy fácil, ese famoso epígrafe donde pone «remanente de ejercicios anteriores». Es lo que no se ha gastado en el año anterior, pero que cada año se vende como nuevas inversiones cuando no es cierto. Ojalá se agotaran las inversiones porque estaríamos hablando de un desfase de 6.750 millones desde el año 2005 hasta aquí.

–¿Falta control?

–Falta sentido común. Y controles. La prueba es que ocurren tarde y mal, fiscalizan lo que ya se ha realizado y se hacen unos informes que no son vinculantes.

–Un ejemplo es el «caso ERE».

–Totalmente. En la medida en la que no hay una responsabilidad, no ya civil si no penal, con alguien que no hace bien sus deberes, todo vale. Entonces da igual cambiar unos presupuestos, no pagar a las empresas, hacer transferencias que no se deben...

–¿Defiende que se procese a los políticos por ello?

–Hombre, no se trata de procesar a nadie, pero al tratarse de dinero público la Administración debe ser más pulcra que cualquier empresa.

–A final de mes entra en vigor la Ley de Transparencia que permitirá teóricamente acceder todo lo relativo a la actuación de la Junta. ¿La considera transparente?

–¿Ah, usted cree que va a entrar en vigor?

–Bueno, eso dice el texto.

–Yo no porque estamos asistiendo a una imposibilidad de gobierno porque unos señores no se ponen de acuerdo y firman un pacto Anticorrupción, que para mí es más importante. Ese pacto evitaría que tuviera que hacerse esa ley.

–Dos meses después de las elecciones sigue sin formarse un nuevo Gobierno. ¿Qué consecuencias tendría una segunda convocatoria?

–No lo sé porque nunca la hemos tenido. Lo que está claro es que el perjuicio para Andalucía es tremendo. La licitación de la Junta ha caído en un 40% desde enero. Está parada, ni paga ni se hace nada, ni se resuelven problemas.

–¿Cuando ustedes preguntan por qué no licitan determinadas obras, por ejemplo, a qué se achaca?

–La verdad es que con una supuesta falta de Gobierno se está encubriendo la realidad: que los presupuestos que se hacen son falsos. Y no hay dinero.

–Esta semana de nuevo los datos del paro son negativos para Andalucía. La barrera psicológica del millón no se rebaja.

–No deja de ser una cifra, lo importante es que baje, aunque por desgracia ha sido la comunidad en la que menos ha bajado: solo 8.000 de los 118.000 en toda España. Eso demuestra que nos estamos durmiendo en lo que llevamos de 2015 porque la Administración está parada. No podemos seguir esperando a que se pongan de acuerdo nuestros queridos políticos. No hubiese usted convocado elecciones...