La marcha del director de la RTVA deja su sustituto en manos del PP

Pablo Carrasco, director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), dimitió ayer por sorpresa de su cargo. La decisión, tomada durante el fin de semana, abre ahora una etapa de incertidumbre en el ente público ya que su sustituto debe ser nombrado por el Parlamento de Andalucía, donde el PP, pese a no gobernar, tiene 50 de los 109 diputados de la Cámara andaluza. La ley 18/2007 de la RTVA señala en su artículo 18 que «la persona titular de la Dirección General de la RTVA será elegida por el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios. En el caso de no alcanzarse la citada mayoría en primera votación, será elegida por mayoría de tres quintos». La suma de PSOE e IU –47 y 12 escaños respectivamente–, socios del Gobierno andaluz, no es suficiente –apenas superan el 54 por ciento–. La llave está ahora en el único partido de la oposición, que ganó las pasadas elecciones autonómicas por mayoría simple.

La marcha de Carrasco, al que aún le quedaba año y medio para agotar su mandato de seis años para el que fue elegido, obedece a un cúmulo de razones, según explicó él ayer mismo. Entre ellas, la bajada de sueldo que ha sufrido desde 2008. «Afectan», dijo. Cuando accedió al cargo, pactó una remuneración de 139.000 euros al año. Para este ejercicio, tras sucesivas rebajas, estaba fijado en 78.522 euros, equivalente al tope máximo marcado en el convenio colectivo para un trabajador de la empresa. En total, un 43,6 por ciento menos.

El ex director de la RTVA siempre se mostró muy crítico con esa medida. Aseguró que en determinados puestos de responsabilidad «había que contratar a los mejores y no a los más baratos» y defendía que la gestión de su equipo directivo había ahorrado a las arcas públicas 90 millones de euros.

No es el único motivo. Admitió que «se han tomado decisiones que no he compartido» y que «probablemente» le hubiera gustado contar «con mayor capacidad de maniobra» aunque se ha sentido «absolutamente respetado» por el Gobierno andaluz. La relación de la dirección y los representantes sindicales era complicada: «Fácil no es», reconoció. La empresa había denunciado el convenio colectivo y antes de septiembre deben alcanzar un acuerdo que a día de hoy parece lejano. La RTVA cuenta con 1.600 trabajadores. Hay directrices políticas de la Junta de no despedir a nadie pese a que los gastos de personal suponen el 50 por ciento de un presupuesto para este año de 160 millones de euros. Advirtió a los empleados que «habrá que hacer algún esfuerzo más en las retribuciones de los trabajadores» y que, de no llegarse a un pacto, se aplicará el convenio sectorial, inferior al que disfrutan los trabajadores.

En diciembre, el Ejecutivo andaluz aprobó destinar 138 millones anuales durante los próximos tres años –ejercicios 2013, 2014 y 2015– para «garantizar la viabilidad» de la empresa pública. Carrasco defendió ayer que la RTVA «tiene futuro» y que el coste es de «sólo el 0,5 por ciento del Presupuesto autonómico», que supera los 30.000 millones de euros. También aseguró que deja unos informativos «más plurales» de los que heredó.

Carrasco se irá a su empresa y el bloqueo podría derivar en la aprobación de otra ley

El futuro laboral de Carrasco pasa por poner en marcha un proyecto empresarial «muy personal». Tanto que reactivará su empresa Proamagna, constituida el 2 de agosto de 2007 y que tiene como objeto social, entre otras actividades,asesorar en la gestión y dirección de empresas audiovisuales y de medios de comunicación. Algunos lo sitúan en proyectos vinculados a La Sexta –el actual director de Antena de la cadena, Mario López, ocupó ese mismo puesto en Canal Sur durante su mandato–. Además de director general de la RTVA, Carrasco era también administrador único de Canal Sur Televisión, cargo para el que propuso ayer a Joaquín Durán –actual director de Canal Sur Radio–. El Consejo de Administración de la RTVA, donde hay representantes de todos los partidos políticos, deberá reunirse en los próximos días. Con la actual ley, el director general sólo lo puede nombrar el Parlamento y, por tanto, no se puede ser un cargo interino. Si no hay acuerdo y el bloqueo se extiende –como, por ejemplo, en el caso de la FAMP)–, la otra alternativa es cambiar la ley. Fuentes del PP no descartan que ésa sea la intención del bipartito. Ayer mismo, todos los partidos aseguraron que desde hoy se pondrían «a trabajar».