La Policía baraja que se dieran fondos por «el peso social» de un dirigente del PSOE

El ex parlamentario andaluz y ex alcalde Fernando Pineda presidía el Centro de Empresas Riotinto, al que el SAE otorgó ayudas pese a no tener «nada» que ver con la formación y a que la agencia Soprea de la Junta ostentaba la vicepresidencia.

El desbarajuste formativo se ha topado a veces con dilatadas trayectorias públicas. Es el caso del histórico dirigente del PSOE de Huelva Fernando Pineda Luna, uno de los señalados en la denominada «Operación Edu». El socialista estuvo 33 años al frente de su partido en el municipio onubense de El Campillo, dos de esas décadas fue alcalde de la localidad –de 1979 a 1991 y de 1999 a 2007– y otros ocho años más concejal en la oposición. A ello se suma que ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía –entre 1982 y 1986–, fue vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva –de 1991 a 1999– y presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera –de 1999 a 2003–. Un currículum que la Policía entiende debe tenerse en cuenta, «dada la posibilidad de que la concesión de la subvención pudiera ser otorgada en base al peso social que el mismo pudiera tener por la relevancia política de los cargos ostentados». ¿A qué ayuda se refieren? A una que se le adjudicó al Centro de Empresas Riotinto SA, gracias a un convenio que firmó el 15 de noviembre de 2010 el ex director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz, a propuesta del ex jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores –ambos están siendo investigados por la Justicia– por un importe de 56.640 euros.

¿Qué relación tiene Pineda con esa sociedad, protagonista de uno de los informes policiales que acumula el caso coordinado por el juzgado onubense de Instrucción número 5? Según el reflejo del rastreo de los investigadores, éste fue consejero y presidente de la mercantil cuatro años, desde el 30 de junio de 2010 hasta ese mismo día de 2014, además de que ejerció de presidente del Comité ejecutivo de la entidad y fue apoderado. Al margen de Pineda, el «staff» de la empresa incluía a Miguel Ángel O. de M. como secretario y director gerente, quien fue el encargado de presentar la solicitud de la subvención formativa en la Consejería de Empleo.

Y hay más. La información recabada por los agentes muestra que la Vicepresidencia de la entidad estuvo ocupada por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU (Soprea) de la Junta, por el mismo espacio de tiempo, desde junio de 2010 a junio de 2014. Ésta parece también en el grupo de consejeros del centro, junto a Pineda y a la Diputación de Huelva y los tres se nombran en la hilera de miembros del Comité ejecutivo.

El SAE le otorgó los mencionados 56.640 euros para dos cursos, uno de técnico de sistemas microinformáticos y otro de aplicaciones informáticas de gestión. Y lo hizo pese a que, como llama la atención la Policía, «sus actividades declaradas nada» tenían que ver con la formación.

El centro «no aportó en el expediente documento alguno acreditativo de encontrarse al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social» ni adjuntó «el informe preceptivo de un auditor», subraya la Policía. Y destaca también como hubo determinados gastos como el del precio de los manuales –los alumnos aseveraron que se les dieron fotocopiados– o gastos de amortización que estaban «por encima» del precio normal. En ese apartado, los investigadores apuntan a la compra de material fungible «en cantidades desproporcionadas al curso impartido» y concluyen que los costes imputados a la actividad formativa «no se correspondían con la naturaleza» de ésta ni se ajustaban a «precios de mercado». Transmiten además al juzgado que Pineda y Miguel Ángel O. de M. «solicitaron la subvención a sabiendas de que se utilizaría para conseguir un lucro propio, desviándose así de la finalidad formativa» de la ayuda; en insisten en la «dejadez absoluta» en el control por parte del SAE, como en otras ocasiones. El Centro de empresas Riotinto acumuló tres subvenciones por un global de 113.625 euros para la formación profesional. Lo peculiar de este caso es que la Junta se habría hecho trampas en parte a sí misma, ya que contaba en la entidad con Soprea, cuya gestión de los fondos europeos Jeremie está siendo analizada por otro juzgado, el de Instrucción número 5 de Sevilla.