La Policía no descarta anomalías en contratos de emergencias sanitarias

Traslada a la jueza del “caso Infoca” que podría «ser posible» que hubiera habido un presunto amaño en licitaciones de EPES

Lo difícil no es denunciar, lo difícil es definir lo denunciado para ver si encaja en alguna categoría delictiva. La Policía Judicial considera que la ampliación de relato trasladada al juzgado por el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que destapó el «caso Infoca», J. G. D., no cuenta con «una fundamentación sólida» sobre hechos que sean realmente «nuevos» que deban «ser objeto de investigación». Así se lo ha comunicado a la instructora del proceso en el que se analizan la concesión de medios aéreos para el Plan Infoca en el periodo entre 2015 y 2018, la jueza María de los Reyes Flores. Aunque sí hay algo que ha llamado su atención, más allá de los raíles sobre los que ya avanza la causa.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los investigadores sostienen que, a su juicio, valdría la pena ahondar, al constituir un hecho novedoso «relacionado con estas actuaciones», con «un mínimo de base indiciaria y que pudiera revestir indicios delictivos susceptibles» de ser diseccionados, una serie de «adjudicaciones realizadas por la Empresa de Emergencias Sanitarias (EPES)», un ente dependiente de la Consejería de Salud, sobre las que el técnico de Medio Ambiente aseguró que «existen informes en contra» de las mismas «por parte de la Cámara de Cuentas» autonómica. La Policía transmite a la magistrada que es posible que «se venga dando» también en ese ámbito una situación de «colusión de empresas –pacto entre entidades que perjudica a terceros–, dado que «la Administración que adjudica es la misma» y la sociedad elegida para prestar los servicios «pertenece al grupo de empresas sospechosas de concertarse ilícitamente (Inaer Helicópteros)». Lo que no tiene claro es «si procede en estas actuaciones abarcar dicha investigación, al tratarse de otras licitaciones distintas y que nada tienen que ver con las del Plan Infoca». Lo deja al criterio de la jueza, a la que también advierten de que J. G. D. menciona en su escrito un documento relativo a esas contrataciones que no han localizado en el corpus anexo proporcionado por aquél al órgano judicial, por si considera oportuno hacer alguna petición al respecto.

El funcionario aseveró en su denuncia no entender cómo el Ejecutivo andaluz no hacía nada en relación a la asignación de los medios aéreos para el Plan Infoca basada en un «contrato que es nulo» y que «le perjudica», en lugar de instar «su resolución» y licitar otra vez. Y advirtió a De Flores de que quizás no fuera un caso aislado, ya que «ha estado pasando lo mismo», una supuesta colusión, en «las adjudicaciones realizadas por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias» y «la Junta tampoco ha hecho nada», según el denunciante y como ya informó este periódico. De hecho, dijo aportar adjudicaciones de 2010 en adelante, que la Policía parece no haber encontrado entre las miles de páginas remitidas al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla. Es más, dio incluso una cifra de lo que podría alcanzar lo otorgado de forma presuntamente irregular, fruto de sus indagaciones para las que se ha servido de la plataforma de contratación virtual que nutre la Junta, y que se elevaba a los «57 millones de euros en cinco años».

FAASA se desmarca

Por lo demás, los investigadores resumen la ampliación de denuncia en el tratamiento de casos de corrupción que ya se abordan o han sido encarados en otros procesos judiciales ligados a agencias de la Junta como IDEA o la de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), a las corporaciones empresariales Séneca e Inculca que vincula a mercantiles como Faasa o Magtel, o incluso el Grupo Prescal del ex consejero Ángel Ojeda. En relación a esto, el denunciante localiza a esas empresas «en el polígono Aerópolis» de Sevilla y la Policía recuerda que el mismo «salió a la luz en esta investigación al detectarse una compra venta de terrenos entre Faasa y la Junta». Fuentes de la empresa cordobesa señalada admiten contar con una filial sevillana en Aerópolis, pero como «las alrededor de cien empresas andaluzas que se dedican a aeronáutica y que están allí», exponen. Quieren dejar claro que no cuentan con instalaciones en Córdoba, como se apunta en el escrito del funcionario y que «no pertenecen» y nunca lo han hecho a la corporación Séneca. Por último, anotan a este periódico que «no tienen helicópteros sanitarios desde hace años en España».

Más allá de lo desgranado, la Policía condensa el resto del denso escrito de J. G. D. en comentarios sobre la colusión de empresas que sirvió de arranque al «caso Infoca» en curso, sobre «una situación generalizada de corrupción de la Junta», así como sobre el contexto «de hostigamiento y acoso laboral que viene sufriendo» que, suponen, «pudiera ser» cierto, pero dudan de «si debe ser objeto de esta investigación» o tratado «en el marco de una nueva denuncia». Falta por desvelarse una incógnita: qué decidirá hacer la instructora.