La Policía toma declaración a tres sindicalistas por las irregularidades del 061

Se está haciendo camino. En el ámbito del proceso judicial que ovilla el juzgado de Instrucción número 10 de Málaga a partir de una denuncia que CGT formalizó ante la Fiscalía en torno a la adjudicación de la gestión telefónica de la línea del 061 por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta ha habido movimientos. El secretario general del sindicato en Andalucía, Miguel Montenegro, y dos miembros del comité de empresa del 061 malagueño, María Cebrián y Dolores Bueno, prestaron ayer declaración durante unas tres horas en las instalaciones de la comisaría provincial, en concreto ante agentes de la Unidad de Delitos Económicos. Según ha podido saber LA RAZÓN, además de aportar nueva documentación, los representantes sindicales tuvieron que hacer frente a multitud de preguntas relacionadas con la que ya habían suministrado a la causa con anterioridad. De hecho, se comprometieron con la Policía a elaborar en los próximos días un resumen de los cuadrantes de horas de trabajo del servicio que luego los investigadores contrastarán con la información que solicitarán también a EPES sobre el mismo punto para sacar sus propias conclusiones y elevar un informe al órgano judicial.

CGT mantiene que «se han incumplido los pliegos de condiciones técnicas» vinculados a las contratas del mencionado servicio telefónico durante los ejercicios 2015 y 2016 en lo relativo a las plantillas, «con un margen de beneficios en torno al 200 por ciento», entre otras cuestiones que desgranaron ante el Ministerio Fiscal.

Fuentes del sindicato aseguraron ayer a este periódico que Montenegro, Cebrián y Bueno salieron «satisfechos» de su declaración ante la Policía, ya que percibieron que «hay indicios razonables de un proceder irregular». Creen que «se está consolidando este frente contra la gestión de EPES» y confían en que «se encause a responsables de Ilunion Emergencias (ONCE), eterna concesionaria de un servicio que ha prestado durante unos 25 años y que aún desarrolla en Málaga, Almería, Jaén y Granada». En el resto del mapa andaluz, Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, apuntan que, «tras muchas denuncias y pelea», opera otra empresa, Konecta BTO, con la que también han tenido ya «algún conflicto» por las condiciones laborales de colectivos de trabajadores del 061.

Al margen de esta causa, otro juzgado sevillano, el de Instrucción número 8, investiga si ha existido una presunta colusión de empresas –amaño, o acuerdo entre varios entes que perjudica a terceros– en torno a la contratación de medios aéreos por parte de EPES y también ha reclamado información al Gobierno autonómico sobre un abanico de expedientes. CGT presentó una denuncia vinculada a esas supuestas anomalías en Málaga que dio origen a unas diligencias que el órgano judicial se Sevilla ha acabado asumiendo y sumando al proceso centrado en la empresa de emergencias de la Junta nacido del «caso Infoca».