La rama de los cursos financiados por la Junta del «caso Infoca» se reactiva

Un juzgado de Posadas cita a declarar como investigado a un directivo de la empresa Faasa por un presunto delito de fraude en ayudas públicas, aunque la mercantil niega las irregularidades

En el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla cristalizó el denominado «caso Infoca» a partir de la denuncia de un funcionario de la Junta de Andalucía sobre presuntas anomalías en la contratación de medios aéreos para el plan que daba nombre a la causa y que cogió aire hasta superar los 80.000 documentos. Pero se fragmentó en dos. Una parte, en la que se analizaba la presunta colusión de empresas para repartirse el mercado del fuego, acabó en la Audiencia Nacional al exceder los supuestos pactos empresariales para perjudicar a terceros en los concursos públicos del ámbito de la comunidad autónoma. Respecto a la otra, la titular del mencionado órgano judicial, María de los Reyes Flores, se inhibió a favor del juzgado decano de Posadas, en Córdoba, al que acordó remitir las actuaciones, a petición de la Fiscalía.

El centro de la investigación en ese bloque era, como recuerda la jueza en el auto por el que dejó el caso, «la ejecución de las subvenciones obtenidas por Faasa –Aviación–» y concedidas por distintos entes de los anteriores gobiernos andaluces para «cursos de formación». Según la instructora, existen «indicios que permiten estimar que el destino que se dio a las sumas recibidas en tal concepto es distinto, al menos en parte, al previsto y con ello se aplica a conceptos y partidas no ajustadas» a lo otorgado, por lo que se podría haber cometido un posible fraude con ayudas públicas. La jueza añade que la competencia territorial sería de los juzgados de Posadas porque los cursos se imputaron y ejecutaron en el municipio cordobés de Palma del Río, donde la mencionada empresa tiene su sede social.

Faasa siempre ha negado que haya cometido irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación y otras materias que los ejecutivos socialistas le asignaron durante años. De hecho, como ya informó este periódico, en un escrito de alegaciones la mercantil avisó al juzgado instructor primigenio del «sesgo» de los informes de la Policía respecto a ella. Una versión radicalmente incompatible con la de los investigadores que han defendido en varias ocasiones la «ingente y pormenorizada» labor que han desplegado en el ámbito del «caso Infoca». La Policía ha insistido a lo largo de las actuaciones en que la mercantil «ha aprovechado a beneficio propio» cuando «el control de la Junta de Andalucía ha sido insuficiente» y se ha reafirmado en la existencia de indicios que «fundadamente apoyan que las irregularidades cometidas» por la mencionada entidad en la petición de incentivos «sobrepasan el ámbito administrativo», por lo que nunca han creído necesario retractarse de «ningún aspecto fundamental de la investigación», pese a lo contraargumentado por la empresa cordobesa. «Consideramos que las irregularidades cometidas por Faasa para la obtención de subvenciones –se asevera en uno de los documentos policiales que conforman el proceso– tenían una intencionalidad previa dirigida a la consecución de capital público al margen de los requisitos establecidos para ello. Materialmente, tanto la cuantía de lo presuntamente defraudado como el ‘modus operandi’, reviste, indiciariamente, caracteres de delito (facturación en concepto de alquiler de espacios propios, elevación desorbitada de sueldos a cargo del erario público, falsedad en lo declarado ante la Administración, etcétera)», aseveran los investigadores en su informe.

En las claridades peladas de los documentos los dos relatos son admisibles. Ahora le toca al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas intervenir y ya ha empezado. De momento, vía providencia fechada el pasado 4 de octubre a la que tuvo acceso LA RAZÓN, ha acordado señalar la declaración en calidad de investigado de M. Á. T. C., uno de los directivos de Faasa para el día 30 de octubre.

Fuentes de la sociedad explicaron a este periódico que esa citación «responde» a la providencia previa del juzgado instructor sevillano de fecha 4 de marzo de 2019 por la que remitió las actuaciones relativas a los cursos e hilvanaron que durante la instrucción, su defensa presentó «escritos e informes periciales» en los que «se dio veracidad al cumplimiento del fin de las subvenciones» por parte de la mercantil, además de que «pudieron declarar en sede judicial los mismos peritos». Junto a ello, se presentó «un análisis de los costos de las acciones formativas» del que se desprende que «los gastos soportados están incluso por encima de lo percibido». Las mismas fuentes subrayaron, asimismo, que «la Intervención de la Junta confirmó que Faasa reunía los requisitos para impartir dichos cursos, contando con todas las acreditaciones necesarias para ello» y que «más del 90% de los alumnos encontraron trabajo, muy por encima de los porcentajes mínimos establecidos en las diferentes convocatorias».

En paralelo a la investigación judicial, el Ejecutivo regional «inició expedientes de reintegro parciales de algunos expedientes», recordaron también, y «los tribunales de lo contencioso administrativo» les están «dando la razón» y «obligando a la Junta a liquidar los pagos pendientes con sus correspondientes intereses de demora, corroborando la tesis de que estamos ante un contexto puramente administrativo».

Ecologistas continúa personado

Desde el PSOE se exigió al PP que pidiera perdón por «intoxicar» con los cursos de formación subvencionados por la Junta y, si bien es cierto que varios juzgados sevillanos archivaron causas centradas en ellos, también lo es que aún existen algunas abiertas. Entre ellas está la que afecta a Faasa, en la que está personada Ecologistas en Acción como lo estuvo en el «caso Infoca», o la iniciada contra el ex «número dos» del PSOE-A, Rafael Velasco.