Málaga
La rebelión contra el «catastrazo»
La provincia malagueña está en el punto de mira de la revisión iniciada por Hacienda
El Ministerio de Hacienda sigue adelante con la inspección extraordinaria en inmuebles que inició en 2013 para detectar si se han producido cambios de los que no tenga constancia la Dirección General del Catastro. Málaga es en estos momentos una de las provincias sometida al peinado catastral. Buhardillas no declaradas, piscinas o patios reconvertidos en salón están en el punto de mira de los inspectores. La medida se puso en marcha en plena crisis para regularizar el plano urbanístico pero, sobre todo, para oxigenar la maltrecha financiación de los ayuntamientos, que son los encargados de cobrar y regular el techo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Hay, no obstante, margen de error en las regularizaciones. Desde Impuestalia, una empresa dedicada a la optimización impositiva, señalan que existe un error de no menos del 7 por ciento en los procesos emprendidos por la Administración. La solución es recurrir.
Los propietarios de inmuebles censados en la provincia de Málaga, 388.508 registrados sólo en Málaga capital, 171.212 en Marbella o 75.311 en Estepona ya están recibiendo las notificaciones de la Dirección General del Catastro debido a la detección de obras no declaradas. Para el próximo mes de octubre la previsión es que se hayan revisado más de 800.000 inmuebles en toda la provincia malagueña.
El Gobierno habilitó una suerte de amnistía catastral, de tal modo que se permitió regularizar la construcción de forma voluntaria, con lo que se evita la consiguiente sanción, pero no el pago de los atrasos –hasta un máximo de cuatro años– y la subida del IBI. Los propietarios de las viviendas tienen que pagar además una tasa de 60 euros por los gastos de gestión en el Catastro.
El barrido de Hacienda se hace a partir del cotejo con fotos aéreas y, cuando se identifica un cambio en el inmueble, se procede a una inspección «in situ». Sin embargo, hay errores. Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, señala que «el contribuyente no debería conformarse con la resolución de este requerimiento, pero la mayoría de las veces ocurre porque no se sabe a dónde acudir para consultar los datos. Lo ideal es revisar la documentación para estimar si es correcta y poder contrastar así si los datos de la nueva valoración están acordes con los factores y las circunstancias reales de nuestro inmueble».
La reclamación por disconformidad contra este informe del Catastro es una de las vías posibles y sin embargo menos exploradas. Los nuevos valores estipulados por Hacienda no tienen carácter firme de manera inmediata. Los titulares afectados disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones con las pruebas que consideren oportunas. En este tiempo, el pago de las liquidaciones complementarias quedará aplazado en previsión de un dictamen definitivo, y si finalmente la resolución es favorable dicho cómputo complementario será derogado o reducido.
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