La renovación del tribunal económico administrativo costará al menos 200.000 euros

La asunción de nuevas competencias cedidas por parte del Estado no suele salir gratis. Y conlleva en muchos casos la creación de nuevos organismos públicos, esos mismos que al inicio de todas las legislaturas se pretenden reducir o «racionalizar». La Junta de Andalucía está elaborando un decreto para regular la organización, el funcionamiento y el nuevo régimen jurídico del tribunal económico-administrativo. Se trata de una función que hasta ahora era ejercida «por los órganos del Estado que la tienen encomendada». La intención es que dependa de la Administración autonómica.

El proyecto, consultado por este periódico, señala que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 18/2010 de 16 de julio por la que se aprueba el régimen de cesión de tributos del Estado a la comunidad autónoma, «se ha asumido la competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas (...)» a la espera de que se traspasen de manera definitiva.

Para ello, es necesario poner en funcionamiento el tribunal que se encarga de atender esas peticiones de revisión. El texto lo justifica de la siguiente manera: «El previsible aumento de reclamaciones que implica la nueva cesión de competencias, así como el nuevo modelo de organización de la Administración Tributaria por el que ha optado la Comunidad Autónoma y las modificaciones que en materia de revisión de los actos de aplicación de los tributos ha llevado a cabo la Ley General Tributaria, determinan la necesidad de configurar una nueva estructura y organización de los órganos económico-administrativos que se adapte al vigente contexto normativo».

El Ejecutivo autonómico también justifica esta reestructuración en un nuevo intento por mejorar la lucha contra el fraude fiscal con la intención de «agilizar los procedimientos que se sustancien». El borrador también menciona la necesidad de adaptarse «a las nuevas tecnologías» para «mejorar la información y la transparencia».

Desde el momento en el que se apruebe el texto elaborado por la Dirección General de Financiación y Tributos, el Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía (TEAJA) será el «único órgano colegiado con competencias para conocer de las reclamaciones económico-administrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económica-financiera de la comunidad autónoma».

La Junta ya tiene diseñado cómo se compondrá este nuevo organismo. La previsión es que se nombre a una persona que ocupe la Presidencia, que existan cuatro Vocalías y una Secretaría. En cuanto a cómo se elegirán a sus integrantes, no queda claro. Se apunta que se «habilita a la Consejería competente en materia de función pública para adecuar la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria» y que mientras estos no sean nombrados «sus funciones podrán ser encomendadas a personas funcionarias del grupo A, subgrupo A1, adscritas a la Consejería con competencias en tributos».

Los costes sí están calculados. Para la presidencia del TEAJA se destina a una retribución total de 61.339,71 euros más 18.401,91 correspondiente a la Seguridad social. Para las vocalías, entre 50.000 y 45.000 euros. En total, según refleja el proyecto de decreto, 204.523,99 euros. Dos de las vocalías « se cubrirán mediante una redistribución de los efectos existentes» y la secretaría se ocupará por un letrado del gabinete jurídico.

Ahora bien, esta cantidad final puede aumentarse ya que está previsto que aumenten las funciones de la unidad administrativa de soporte al TEAJA. En este sentido, habrá una modificación de relación de puestos de trabajo «cuyas necesidades de financiación se concretarán cuando corresponda, realizándose en algunos casos mediante la dotación de puestos de trabajo ya existentes».