La «sentencia» de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha sido rotunda en su apoyo a la decisión de la juez Mercedes Alaya de imputar a 20 altos cargos de la Junta en el fraude de los ERE. Y manda un mensaje conciso y claro al Gobierno andaluz: ha tomado una senda peligrosa. Incluso, llega a sonrojarlo al cuestionarse el hecho de que sea la acusación particular la que defienda a los imputados. Esa doble vara ya se evidenció cuando la Junta puso sus servicios jurídicos a disposición de sus altos cargos implicados en el último auto judicial. Pero más allá del merecido tirón de orejas de la Fiscalía, la Junta, con su presidente a la cabeza, debiera realizar un profundo análisis de la imagen que proyecta a unos ciudadanos que no pueden entender su insistencia por dilatar un proceso en el que se han defraudado cientos de millones. Más cuando de nuevo juez y Fiscalía coinciden en que necesariamente deben ser señalados todos aquellos que posibilitaron el «uso perverso» de los fondos públicos, pero también a quienes no lo evitaron. Porque en su responsabilidad como miembros de un Gobierno regional se incluye velar por el cumplimiento de la legalidad.

Lo que no puede concebirse es que para la exculpación propia se ponga en entredicho todo el trabajo de una funcionaria que ha demostrado una meticulosidad digna de elogio, acusándola de propiciar indefensión a los acusados. José Antonio Griñán insiste, sin embargo, en juzgar públicamente al juzgador, una batalla en la que por su posición no es recomendable que entre. Atajar sus injerencias a la Justicia sería la mejor muestra de que está enfrente y no detrás del «caso ERE».