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La «unidad de España» y los ajustes en los entes paralelos marcan el segundo acuerdo de PP y Cs

Anuncian 23 medidas de regeneración democrática como el límite de mandato, el fin de los aforamientos, la oficina de lucha contra el fraude, la supresión del Consultivo, el estudio de la eficiencia de la RTVA y la reforma de la Ley Electoral

  • Las formaciones de Juanma Moreno y Juan Marín van acercando posturas / Foto: La Razón
    Las formaciones de Juanma Moreno y Juan Marín van acercando posturas / Foto: La Razón
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

23 de diciembre de 2018. 20:26h

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M. González Q.  Sevilla. 24/12/2018

Se vino arriba Juan Carlos Girauta en Twitter y tiró del «guerrismo» para anunciar que «A Andalucía no la va a reconocer ni la madre que la parió». El portavoz del PP-A y coordinador de las negociaciones con Ciudadanos, Elías Bendodo, deslizó ayer mañana «la buena sintonía» con sus interlocutores y se mostró convencido de que en breve se cerraría el acuerdo con las 90 medidas para la legislatura. Horas después, Cs hacía público un acuerdo con 23 medidas de regeneración democrática, dentro de estos 90 puntos, y que se unirían a los 21 ya anunciados con un plazo máximo de cumplimiento de 100 días. En cualquier caso, se evidencia en el acuerdo la influencia de los recientes acontecimientos en Cataluña. La primera medida, nuevo guiño a Vox, es «la defensa y dignificación de las instituciones de la Nación Española». Destaca también los ajustes en la «administración paralela» , el cierre de entes como el Consejo Consultivo y el redimensionamiento de la RTVA. Aún no hay menciones a la composición del Gobierno o de la Mesa del Parlamento.

El documento arranca aludiendo explícitamente al contexto actual: «Pocos meses después de que el Gobierno de España pactase su investidura y su acción de gobierno aliándose con quienes sólo quieren romper la Unidad de España». «Los andaluces nos han revelado, entre otros, un mandato claro: Que desde el Gobierno de la Junta defendamos la Unidad de España Constitucional frente al Independentismo radical, haciendo que el pueblo español sea el sujeto de la Soberanía Nacional». El segundo punto implica la dimisión de todo cargo imputado por corrupción. El tercero supone uno de los puntos de fricción en la negociación: los aforamientos. PP y Cs anuncian un proyecto de reforma del Estatuto. En principio, los populares abogaban por la supresión pero dentro de todo el ámbito nacional.

El acuerdo contempla un proyecto de ley de despolitización de la Junta, la reducción de altos cargos y los que haya, con dedicación exclusiva y sin dietas; el refuerzo de las sanciones para los altos cargos que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción a través de la Oficina de Lucha contra el Fraude; la creación de la figura de los directivos públicos, de carácter técnico y elegidos por concurso; la racionalización de las tablas salariales, para que los altos cargos no superen a los miembros del Gobierno; y la limitación a 8 años de los mandatos. Asimismo, se recoge «un proyecto de Ley de protección de denunciantes del fraude y la corrupción»; y la supresión del Consejo Consultivo, cuya función «será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta»; o la reforma de la Cámara de Cuentas, con una reducción de sus consejeros, elegidos a través de procedimiento público y abierto y cuyos informes serán de obligado cumplimiento. También se anuncia la constitución de un Grupo de Expertos «que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la RTVA, así como las reformas para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia». Un apartado se dedica a «desmontar la 'administración paralela'», a través de una auditoría integral y un decreto-ley para centralizar la dirección de las entidades dispersas. Se suprimirán los entes duplicados y envueltas en fraude.

La Faffe y los fondos de los ERE

PP y Cs retomarán la comisión de investigación de la Faffe y establecerán «los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE». Las formaciones se comprometen a acabar con «las redes clientelares». El último punto del acuerdo supone «la reforma de la ley electoral», mejorando la proporcionalidad de escaños, la reducción de gastos y la obligación de celebrar debates.

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