Las ayudas al alquiler de 2015 pagadas por la Junta no llegan al 25%

Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar ayudas a familias con «ingresos limitados» y que preveían tener «una aportación hasta del 40% del importe del alquiler».

«En proceso». Ésta es la respuesta que ofrece la web de la Consejería de Fomento y Vivienda a los cientos de beneficiarios de las ayudas al alquiler de 2015 a los que todavía no se les ha abonado las cantidades aprobadas. El propio consejero del ramo, Felipe López, admitía a finales de septiembre que sólo se había realizado el 70%del pago en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva. ¿El resto? «Se continúa trabajando para que se resuelva en el menor tiempo posible». Todo un eufemismo. Así las cosas, se puede concluir que las ayudas satisfechas no llegan al 25% del total. Una verdadera fatalidad para las familias con derecho a recibirlas, dada la precariedad laboral, social y económica en la que se supone que se hallan.

Repasemos los requisitos exigidos para evaluar las consecuencias de un retraso que va ya por diez meses. Hay que recordar que se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar ayudas a familias con «ingresos limitados» y que preveían tener «una aportación hasta del 40% del importe del alquiler». Los solicitantes han de estar empadronados en la vivienda, ser titulares del contrato sin que supere los 500 euros mensuales y no contabilizar más de 2,5 veces el Iprem en sus ingresos, calculados en función de los miembros de la unidad familiar; y no disponer de la titularidad ni el derecho de uso sobre otra vivienda. Un pareja sola, por ejemplo, no podría ganar más de 800 euros mensuales o 960 euros sin tiene un hijo. Con un máximo de 1.330 euros. Pues una de esas miles de familias andaluzas puede estar esperando que le ingresen hasta 2.240 euros desde hace meses.

Son varios los partidos políticos que permanecen encima de este asunto. Podemos, a través de su parlamentario David Jesús Moscoso, formulaba dos preguntas escritas de control de la acción del Gobierno andaluz a finales de abril de este año: «¿Cuándo se va a resolver esta convocatoria?» y «cuánto tiempo ha de pasar para que se les abonen esas ayudas a los beneficiarios?». A finales de mayo, era el diputado popular Félix Romero quien mostraba interés por las mismas cuestiones, no respondiendo de forma conjunta el consejero hasta el 19 de septiembre pasado. Felipe López argumentaba entonces que se habían publicado las resoluciones definitivas «en todas las provincias salvo en la de Granada», aunque buscando en la web de fomento se puede comprobar que una semana antes la delegada territorial María Eulalia Fernández firmaba la última y esperada resolución definitiva. Respecto al proceso de pago, como se anunciaba al inicio de la información, «se encuentra materializado al 70% en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva y se continúa trabajando en el resto para que se resuelva en el menor tiempo posible», según la respuesta publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) y recogida por este diario. Ni plazos aproximados ni contestación con cifras reales.

Para conocer la realidad de los datos, o al menos algo más ajustados, es necesario repasar las resoluciones de las afortunadas provincias que han empezado a ver el dinero. En Cádiz resultaron favorables 2.172 expedientes, lo que conlleva un reembolso de 2.525.177,19 euros; en Huelva las ayudas a entregar ascienden a 554.267,55 euros; y en Córdoba la cifra final se sitúa en 1.028.883,27 euros, provincia en la que el número de beneficiarios se sitúa en torno a mil. El 70% anunciado por el consejero de los 4.108.328,01 que suman las tres provincias deja una cantidad abonada de 2.875.829 euros, cuando el total de las ayudas comprometidas en toda la comunidad se elevan a 12.541.370,75 euros.

Se supone que con esta ayudas la Junta «garantiza que las familias puedan permanecer en sus viviendas habituales y afrontar sus dificultades económicas con un complemento a sus ingresos», como ayer mismo decía el delegado en Sevilla, Jesús María Sánchez. La cuestión es que no saben cuándo lo recibirán. Un dato para reflexionar para terminar: el número de demandantes en 2015 se situó en 29.640. La cifra en 2016 ha descendido en 11.000 para situarse en 18.643 solicitudes recibidas. De las del año pasado fueron aprobadas 9.765 en toda la comunidad. Si los datos ofrecidos por el consejero son ciertos, hay al menos 5.000 familias esperando aún la ayuda.

Casi 4 millones presupuestados, sin destinatarios

La eficiencia de la Administración: el listado de solicitantes de las ayudas se publicó el 29 de julio de 2015 y el 23 de octubre se dicta una propuesta provisional. No es hasta el 3 de mayo de 2016, más de medio año después, cuando se emite un informe con la baremación y ordenación de todas las solicitudes, resultando un importe total de las ayudas de 12.541.370,75 euros. De estos, 11.741.565,65 euros corresponden a la partida presupuestaria estatal, que era de 15 millones, y 799.805,10 euros a un crédito autonómico para personas que por no hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social quedaban excluidas de la convocatoria, que se amplió el pasado julio a 1.516.370 euros. Al no quedar agotada la partida presupuestaria global –16.516.907 euros– se decide ampliar la horquilla, con los solicitantes que cumplan los requisitos que no excedan de 2,5 veces el Imprem, es decir, 1.331 euros mensuales. La Junta habla de resoluciones adicionales con nuevos plazos de las que no sa sabe nada. Mientras tanto, el 5 de agosto pasado concluyó el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 2016, que en la actualidad están siendo verificadas. El presupuesto vuelve a ser de 16,3 millones. La consejería dice haber «simplificado trámites» para «reducir a la mitad el plazo de valoración y agilizar el proceso de pago».