Las bonificaciones reducen a la mitad la subida del presupuesto universitario

Era cuestión de tiempo que las iniciales dudas de los rectores universitarios andaluces sobre las consecuencias económicas de la bonificación del 99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula, la medida estrella del Gobierno andaluz para 2018, se convirtieran en reproches. El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, criticó la «incertidumbre» creada por las políticas de la Junta en la institución que gestiona, con motivo de la aprobación del Informe de Gestión del curso 2016/17.

En la sesión de Claustro de la UPO celebrada ayer, el rector expuso la situación actual en la que se encuentra la universidad y trasladó a los caustrales su «razonable preocupación» por el estado de las negociaciones con el Gobierno de España a la hora de abordar temas como la duración de los títulos, la gestión de los estatutos del personal investigador, la modificación de criterios de acreditación de Aneca o la encomienda de la Pevau por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Guzmán informó de «cómo la elaboración del presupuesto de la Universidad se está viendo afectada por el impacto de las políticas de la Junta de Andalucía como la bonificación en la matrícula de grados y la rebaja de precios en los másteres». De hecho, la negociación entre las universidades públicas y la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología sobre el nuevo sistema de financiación en Andalucía sigue abierta. El rector calificó como «compleja» una situación que «genera incertidumbre, puesto que puede darse el caso de que se aprueben los presupuestos sin conocer de manera definitiva la cantidad aprobada por la Junta de Andalucía», detalla el comunicado remitido a los medios. Es más, Guzmán especificó que «el incremento del 4,4% anunciado se queda en la mitad puesto que la otra parte corresponde a las bonificaciones que se han implementado». El presupuesto total de las universidades ascenderá en 2018 a 1.536 millones, 66 millones más que en 2017. La mitad será para pagar matrículas bonificadas.

La UPO reclama «criterios de convergencia» en la financiación que se apruebe puesto que la consolidación de esta universidad se interrumpió con la crisis y se halla en desigualdad.