Las dietas de los consejos laborales siguen costando casi 1,5 millones

Andalucía ha logrado bajar del millón de parados en julio pero el desempleo continúa siendo un drama, la principal preocupación de una ciudadanía incrédula y que no da crédito a ciertas decisiones del Gobierno andaluz. ¿Cómo entiende, por ejemplo, un andaluz que acude desde hace tres o cuatro años a sellar su cartilla del paro que los 19 miembros del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –el presidente y sus vocales– se repartan 280.000 euros al año en dietas? Sólo por acudir a las reuniones, la media supera los 14.700 euros por consejero. Si le parece mucho, ¿qué decir de los más de 17.000 euros de media que perciben los 37 integrantes del Consejo Económico y Social, que destina a este fin 637.500 euros en 2015?

En este agosto vacacional para muchos, y en el que Podemos reclama que los parlamentarios donen sus dietas y no paguen con ellas sus vacaciones, el PP-A ha aprovechado para impulsar una antigua proposición no de ley (PNL) destinada a acabar con las indemnizaciones de los distintos consejos de administración dependientes de la Consejería de Empleo. En total, ascienden a 1.473.258 euros en el Presupuesto de 2015, añadiendo 147.758 euros del Consejo de Relaciones Laborales y 408.000 euros del Consejo de Prevención de Riesgos Laborales a los conceptos antes mencionados.

Es cierto que se ha producido una sensible reducción con respecto al año anterior –la cifra ascendía a 1.781.104 euros–, pero no parece ético que los agentes sociales –sindicatos más representativos, empresarios y asociaciones de consumidores, además de los «expertos» designados por la Junta de Andalucía– obtengan estos beneficios, cuando ya reciben además 795.483 euros por su participación en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Labores de Andalucía).

Recuerda Carlos Rojas, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, que «ya tienen que hacer bastantes sacrificios los andaluces por los recortes impuestos por el Gobierno andaluz» y esgrime que «los primeros que tienen que suprimir gastos superfluos son la propia Administración y sus entes». El popular ahonda en su análisis al advertir de la «falta de transparencia en cuanto a los integrantes de los referidos consejos y a su funcionamiento, permaneciendo oculto a los andaluces, en algunos supuestos, los nombres de los integrantes de los consejos como en el del SAE». Además, puntualiza que «la paridad no se cumple en la composición de todos los consejos», cuando la Junta de Andalucía debería ser ejemplar en su cumplimiento.

El PP recibió en octubre de 2014 la negativa de PSOE e IU a destinar las cantidades suprimidas a la ayuda a desempleados en riesgo de exclusión social; y también a hacer públicos los integrantes y las actas de estos consejos. Ahora que el bipartito es historia y el arco parlamentario ofrece un amplio abanico, los populares esperan obtener el respaldo de Podemos (15 diputados) y Ciudadanos (9) para que la medida sea aprobada y, aunque sea en una cantidad corta, se contribuya al bienestar de quienes más lo necesitan.