Las diputaciones del PP llevarán el decreto del litoral al Constitucional

El PP-A ha acordado interponer, a través de las diputaciones provinciales, un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta.

Así lo aseguró ayer la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, quien explicó que, dado que la Ley de Autonomía Local considera a las provincias como unas entidades locales cuya función es garantizar el ejercicio de las competencias de los municipios que las componen, la vía de recurrir a las diputaciones es una vía «legitimada» para interponer este recurso.

Según explicó Martínez, «al menos» las diputaciones de las provincias costeras de Almería, Cádiz, Granada y Málaga apoyarán este acuerdo del PP-A y promoverán este recurso ante el TC. Además, de aquí al 28 de febrero que tienen de plazo para hacerlo, solicitarán al Consejo Consultivo un dictamen sobre el mismo.

La dirigente popular argumentó este recurso en base a tres cuestiones que el PP-A considera «fundamentales». Por un lado, que este decreto del litoral «quita competencias a los Ayuntamientos» y «suspende su capacidad» para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable. En segundo lugar, porque el PP-A considera que el artículo 3 de este decreto «obliga» a los municipios a «cumplir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un periodo máximo de ocho» y que esto va a «significa que planes que estaban adaptados a la Ley hasta 2004 se van a ver igualmente paralizados». Y en tercer lugar, que ha sido «arbitrario e injustificado» que este decreto se haya tramitado como «decreto-ley». «No existía esa extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación», apostilló.

Es por eso por lo que el PP ve, detrás de este decreto una nueva «estrategia de confrontación» de la Junta de Andalucía con respecto al Gobierno central. «Lejos de dinamizar la economía en una de las industrias y actividades económicas más importantes de la comunidad, lo que hace la Junta con este decreto es crear una situación de inseguridad jurídica», señaló.