Las empresas impugnan más de dos mil millones en contratos de la Junta

El Tribunal de Recursos Contractuales recibió el año pasado 295 apelaciones, la mayoría a nivel regional. El plazo legal de cinco días para el dictamen se ha excedido reiteradamente y ha demorado meses los concursos

Más de dos mil millones de euros en contrataciones promovidas por la Junta de Andalucía se pusieron en entredicho el año pasado por las empresas que optaban a contratar con la Administración. Así consta en la memoria 2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que refleja una considerable disminución de las impugnaciones recibidas respecto a 2014 –de 303 a 206–, aunque las cantidades afectadas se superan en un 3% alcanzando los 2.140 millones de euros. Como en ejercicios anteriores, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Pública de Educación, entes adscritos a las consejerías de Salud y Educación respectivamente, acapararon la mayoría de las reclamaciones por discrepancias o irregularidades en los concursos públicos abiertos. Incluyendo la administración local y universidades, se alcanzaron los 295 recursos.

Pese a la considerable rebaja en las reclamaciones interpuestas, la acumulación de recursos sin resolver del año anterior hizo que el tribunal se pronunciara en 435 casos. Por primera vez, el órgano creado en 2011 cumplió con los plazos establecidos por ley evitando una demora que mantenía paralizada la Administración, al dilatarse las decisiones hasta tres meses en lugar de los cinco días hábiles preceptivos. De hecho, la propia presidenta lo había hecho notar reiteradamente en sus dictámenes destacando que todas las partes implicadas se habían ajustado a los tiempos legales, a excepción del propio Tribunal «dada la acumulación de asuntos existentes».

La memoria resalta «el esfuerzo realizado este año para resolver los recursos que quedaron pendientes del año 2014 puesto que en dicho año el tribunal seguía funcionando como órgano unipersonal y se incrementó de manera considerable el número de recursos; de esta forma a lo largo del año 2015 se han ido acortando los plazos de resolución de los recursos de tal forma que se ha logrado el objetivo a finales del año de poder resolverlos en los plazos que marca la ley al respecto».

Eso ha supuesto además de la paralización administrativa una desigualdad para los implicados, para los que la tramitación fuera de plazo implica automáticamente la desestimación. Presentar un recurso no conlleva coste, pero supone un riesgo porque si el Tribunal aprecia mala fe está facultado para imponer multas de entre 1.000 y 15.000 euros, según la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde 2012, su primer ejercicio completo en funcionamiento, ha ido aumentando progresivamente su dotación de personal, que comenzó siendo de cuatro personas hasta las doce actuales. Abandonó su condición de órgano unipersonal con el nombramiento de dos vocales en enero de 2015 y está adscrito orgánicamente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública

El promedio mensual fue de 25 recursos recibidos frente a 32 en 2014. Respecto a ello, la memoria destaca la «llamativa» disminución durante los meses de marzo, abril y mayo, que se explica en parte por la celebración de elecciones municipales y autonómicas, que mantuvieron el Gobierno andaluz y los ayuntamientos en funciones. Según el tipo de contrato, el que mayor número de recursos ha acumulado es el de servicios (62%), al igual que sucedía en el año 2014. Según el tipo de acto impugnado, más recurrido ha sido la resolución de adjudicación del contrato, un 49% de los recursos, lo que supone una disminución de diez puntos respecto al ejercicio anterior. Las impugnaciones contra los pliegos y demás documentos contractuales han aumentado pasando de un 20% al 29% en el año 2015.

Atendiendo solamente a las resoluciones que resuelven sobre el fondo del recurso, un 71% fueron desestimatorias, lo que supone una reducción del porcentaje de resoluciones estimatorias de tres puntos porcentuales. De otro lado, también han aumentado las decisiones del Tribunal sobre medidas provisionales. En 2014, se dictaron 141 resoluciones y en 2015 fueron 148. La mayoría de estas resoluciones han acordado el mantenimiento de la suspensión automática del procedimiento al haber sido recurrido el acto de adjudicación.

El Tribunal se felicita en su memoria por el escaso número de cuestiones elevadas a la jurisdicción contencioso-administrativa, solo un 6% en sus cuatro años de trayectoria. De las 986 resoluciones que se han dictado, han sido recurridas 59 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El retraso del TSJA provoca que de momento solo se haya pronunciado en 18: la mitad fueron archivados y el resto desestimados.

En lo que llevamos de año, se han dictado 123 resoluciones ante las dudas sobre actuaciones de la Administración, de las que 35 han estimado total o parcialmente los requerimientos de los afectados.

Multas por mala fe

La interposición de un recurso demora la actividad de la Administración, que debe aguardar el dictamen del Tribunal. Por esa razón, si éste interpreta que existe temeridad o mala fe de la empresa recurrente tiene la potestad de imponer multas de hasta 15.000 euros. En 2016, ha sancionado a tres: una deberá pagar mil euros y otras dos tres mil cada una.