Andalucía
Las familias destapan adjudicaciones «a la carta» de la Consejería de Salud
La dispar aplicación de criterios y cumplimiento de las condiciones del servicio suponen una «manipulación» del procedimiento, denuncian. Entidades amenazan con ir a los tribunales
Las mejoras prometidas por el Gobierno andaluz en el servicio a los menores con trastornos se empiezan a eternizar, mientras las familias y la oposición parlamentaria no cejan en su empeño de aprobar una ley que acabe con la precariedad actual de una vez para siempre.
La implantación del nuevo acuerdo marco que debe regular la atención temprana en Andalucía continúa dando que hablar. Las mejoras prometidas por el Gobierno andaluz en el servicio a los menores con trastornos se empiezan a eternizar, mientras las familias y la oposición parlamentaria no cejan en su empeño de aprobar una ley que acabe con la precariedad actual de una vez para siempre. En la puesta en marcha de esos supuestos avances (por ahora), que incluyen un incremento presupuestario (aún insuficiente para cubrir las necesidades de los niños y niñas de cero a seis años), se encuadran las adjudicaciones de los contratos con los centros de atención infantil temprana (CAIT), un procedimiento que ya generó incertidumbres previas con varios recursos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, que fueron rechazados, y que una vez finalizado amenaza de forma seria con llegar a los tribunales ordinarios de justicia por diferentes frentes.
La Plataforma de Atención Temprana alerta de irregularidades en el proceso de licitación de los contratos de las terapias de los menores con trastornos. En un informe documentando, su portavoz, Antonio Guerrero, desvela que la Consejería de Salud no ha aplicado los mismos criterios para la adjudicación de un determinado número de sesiones fijadas por el acuerdo marco o directamente para la exclusión de los CAIT aspirantes en el proceso administrativo. En concreto, se refiere a la solvencia económica y financiera, que según el pliego de cláusulas administrativas ha de acreditarse por dos medios «acumulativos». Por un lado, un justificante de tener contratado «un seguro de indemnización por riesgos profesionales»; y por otro, la declaración relativa a «la cifra global de negocios en el curso de los tres últimos ejercicios». Siguiendo este argumento, el CAIT malagueño Atinfa quedó excluido del concurso. La Administración negó la posibilidad de subsanar el punto referente a la cifra global de negocio a través de un aval de caución. Frente a este caso, Guerrero acredita el caso del centro de educación infantil Jardines de la Pipa, en Almería, al que se le han adjudicado las terapias de cien menores por un importe de 107.700 euros, sin presentar las cuentas anuales relativas a los tres últimos años en el Registro Mercantil. Lo relevante, puesto que es obvio que esta empresa puede haber facturado las cantidades solicitadas que acreditan su solvencia, es que a diferencia del caso anterior, en éste la consejería sí admite la presentación de un aval. La plataforma que defiende los intereses de las familias califica como «gravísima» esta disparidad de criterios, pues supone «una manipulación del proceso, una discriminación de licitadores y una falta de transparencia que pone en duda el principio de igualdad de oportunidades».
Entre otras irregularidades detectadas por los propios centros se incluye la utilización de criterios dispares, incluso dentro de la adjudicación de un mismo lote. Así, mientras la Consejería informa de que «en aras a una mayor efectividad del servicio» se ha respetado la continuidad de los tratamientos en curso a las entidades que lo venían realizando, varias asociaciones se quejan de evidentes fallos en el reparto de sesiones, destacando incluso el caso del único centro específico de Hipoacusia y Sordos de Málaga, que sólo había pedido 35 plazas, y que se ha quedado fuera del sistema.
Un lento goteo sin la exigida transparencia
El proceso de adjudicación de las terapias destinadas a los casi 20.000 menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos valorados por el sistema en la comunidad se viene produciendo de forma escalonada desde el mes de septiembre. Hasta la fecha se han adjudicado 10.581 menores, datando la última publicación en la plataforma de contratación del 3 de noviembre. En la provincia de Huelva no se conoce en qué empresas recaerá el servicio; en otras, como Granada o Jaén, sólo un número reducido de las plazas. Todo muy lento.
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