Las obras en los colegios, pendientes de un nuevo Plan OLA

La consejera de Educación supedita los proyectos de reforma y nueva construcción a la captación de fondos europeos

Las próximas obras en los centros educativos andaluces, que habitualmente se desarrollan en los meses veraniegos para que todo esté a punto de cara al inicio del curso escolar, están supeditadas a la consecución de fondos europeos. Así lo hace constar la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, en sendas respuestas parlamentarias al PP, que pregunta por varias actuaciones pendientes. Según De la Calle, su departamento «tiene la firme intención de seguir mejorando las infraestructuras educativas creando nuevos centros, reformando los existentes y adaptando sus instalaciones». En este contexto, explica que «vamos a solicitar nuevos fondos europeos, Feder, que continúen la línea del Plan OLA».

De la Calle abre la puerta así al desarrollo de un nuevo Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA), que nació en 2011 para combatir los devastadores efectos de la crisis en el sector de la construcción. Este primer plan tuvo tres años de vigencia, aunque se fue prorrogando año tras año. De hecho, la Consejería de Educación todavía presenta reformas y otros trabajos en los colegios bajo el epígrafe de una iniciativa que, en sus orígenes, tuvo una dotación de 200 millones de euros y que, posteriormente, se reforzó con 100 millones más.

Los proyectos acogidos al plan están cofinanciados al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE). Las cifras eran de lo más optimistas: la creación de más de 5.000 puestos de trabajo «entre los colectivos sociales más afectados por la crisis» y el desarrollo de 466 proyectos de construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos.

La ejecución del plan la asumía la Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE). Tras la desaparición de este ente los proyectos pasaban por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). También cuenta con la participación de la Consejería de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que «lleva a cabo el seguimiento de la generación y el mantenimiento del empleo», y la Consejería de Economía, que «asume la verificación y evaluación de las actuaciones a través de la Dirección General de Fondos Europeos».

En la comunidad autónoma, dos de cada tres empleos perdidos en los años más duros de la crisis procedían de la construcción. En su análisis previo al plan, la Junta subrayaba el efecto multiplicador del sector, puesto que «de cada unidad invertida se generan tres en el resto del sistema productivo». La Junta emplazaba a los contratistas interesados a acudir al SAE para la contratación de personal, quien se encargaba de seleccionar a los candidatos «de acuerdo con el perfil solicitado para el servicio». El SAE, por su parte, «prima a personas residentes en el municipio que se vaya a ejecutar la actuación, sin vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta». Otras preferencias eran no ser beneficiario de ningún tipo de prestación o subsidio y pertenecer al colectivo de parados de larga duración. «Al menos el 70 por ciento del coste del personal empleado en cada actuación deberá corresponder a empleo de nueva creación y, si se incluyese a otro personal, deberá encontrarse contratado por tiempo indefinido», establecían las cláusulas.

La Administración autonómica también remarcaba que el plan supondría «un impulso a la actividad de las pymes de la construcción, incentivando asimismo la actividad económica asociada indirectamente al sector».

Sin embargo, la política de captación de fondos europeos –la base sobre la que se construye el Plan OLA– no atraviesa su mejor momento. De hecho, la Comisión Europea suspendió los pagos de diferentes programas, una cifra que alcanza los 500 millones de euros. Fue el pasado mes de marzo cuando el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró que el levantamiento se produciría «próximamente» tras verificar las instituciones europeas que «Andalucía ha cumplido su plan para corregir las incidencias registradas en los ejercicios 2012 y 2013». El PP, por su parte, denunció que se han dejado sin ejecutar 2.700 millones desde 2013.