Política

Andalucía

Las pensiones y la revolución

Protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso de los Diputados / Foto: Jesús G. Feria
Protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso de los Diputados / Foto: Jesús G. Ferialarazon

Cuando se trata de hacer prospecciones a largo plazo sobre el futuro económico de nuestros nietos, los economistas acostumbramos a tirar de otras ciencias como la Sociología, la Ingeniería o la Política. Puede que esto se deba a la desconfianza en nuestra propia ciencia. Sea como fuere, varios analistas reputados casi al mismo tiempo han alertado del incierto futuro del sistema de protección social español. Lo han hecho desde ángulos diferentes pero con conclusiones razonablemente similares.

Desde el análisis geopolítico, el coronel Pedro Baños ha sostenido que el principal riesgo al que se enfrenta España, por encima del golpismo catalán y la acechanza del vasco, es el envejecimiento de la población. Este prestigiado militar, que se cayó de las quinielas de la Secretaría de Estado de la Defensa por haber participado en una conferencia en una sede de Falange Española y por defender el entendimiento entre Europa y Rusia, sostenía que «en el futuro habrá una pequeña élite con muy buenos trabajos, una clase media que pasará a ser baja con sueldos de miseria y, finalmente, una parte de la población que tendrá que ser subvencionada de por vida para sobrevivir, al menos mientras existan recursos». El autor de «El dominio mundial» (Ed. Ariel) concluye que estamos abocados a la revolución.

Casi al mismo tiempo que leía al coronel Baños oí una interesante entrevista a mi colega el catedrático de Economía Santiago Niño Becerra, de quien el independentismo catalán se empeña en apropiarse a beneficio de inventario. Este catedrático afirmaba que a finales del siglo XXI bastará el 5 por ciento de la población mundial para producir el 100 por cien del PIB de todo el mundo como consecuencia de la cuarta revolución industrial o de la denominada industria 4.0. Pero el cálculo no es del citado profesor, sino que él mismo lo toma del economista y teórico social norteamericano Jeremy Rifkin. Niño Becerra coincide con el coronel Baños en que la economía occidental tiende a registrar salarios cada vez más a la baja (que son los que financian las pensiones en la mayor parte de países), una mayor concentración de riqueza y, en definitiva, una imposibilidad aritmética de sostener un sistema de pensiones que tiene actualmente y en España un déficit anual de 19.000 millones de euros. Sin embargo, y a diferencia del pronóstico del coronel Baños, Niño Becerra sostiene que no hay viso alguno de revuelta social aunque tal argumentación la soporte en que la clase media –cuya presencia es cada vez menor– frenaría cualquier revuelta por su apego a su propio modus vivendi nucleado en la protección de su pequeño patrimonio.

Finalmente, y sin alejarnos del mismo tema, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Manuel Alejandro Hidalgo, en su reciente pero ya exitoso «El empleo del futuro» (Ed. Planeta de los Libros), se abona con fundamento a las conclusiones de que esta cuarta revolución industrial que une a la robotización de la década de los 70 del siglo pasado, la Inteligencia Artificial, si bien no provocará un paro tecnológico masivo como el que predijo Keynes en 1930, sí agrandará la brecha salarial, la concentración de la riqueza en pocas manos y la desaparición de la clase media poco cualificada, precisamente la que, en opinión de Niño Becerra, frenaría la revolución que el coronel Baños da por inevitable.

Es posible que las sociedades progresivamente envejecidas como la española tengan que priorizar qué tipo de servicios públicos prefieren si además, y con los datos en la mano, el Gobierno sólo prevé recaudar 1.200 millones de euros por impuestos procedentes de las actividades que vienen parejos a la nueva revolución industrial, como el impuesto sobre determinados servicios digitales o «tasa google». Por cierto, que esta cifra ha sido muy criticada por el portavoz de economía de Ciudadanos en el Parlamento, Luis Garicano, señalando que la Comisión Europea estimó en su caso más optimista 4.800 millones de posible recaudación para los 28 países de la UE, lo que sugiere que España recaudará sólo 360 millones (y no los 1.200 millones que espera el Gobierno) si se admite una estimación proporcional. Evitar el colapso de las pensiones y las posibles revueltas pasa por adelgazar servicios públicos prescindibles. En ese sentido va la acertada propuesta hecha por un grupo de profesionales y académicos encabezados por el eurodiputado Enrique Calvet al presidente de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Todo lo demás es puro escapismo ante un reto tan serio como mantener los servicios públicos esenciales a una población cada vez más envejecida y dependiente imbuida en un cambio rapidísimo de relaciones laborales.

De todo esto tendré oportunidad de debatir junto con mi colega el profesor Ignacio García en el Foro Humanismo y Ciencia que promueve el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla el próximo viernes 9 de noviembre.

* José Manuel Cansino es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile